Denuncian Educación pretende que Trabajadores Sociales censen estudiantes

Afirman que les añaden tareas administrativas que otro personal debería asumir, pero esos puestos han sido recortados.

Por Metro Puerto Rico

La presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico, la doctora Mabel López Ortiz, denunció hoy  una orden del Departamento de Educación para que los Trabajadores Sociales sirvan de oficiales de censo escolar y vayan casa por casa, identificando los estudiantes de las escuelas públicas de la Isla.

“La función del trabajador social escolar no es apoyar a la administración y asumir responsabilidades administrativas de actualizar los teléfonos y direcciones del estudiantado, tareas para las que debe existir personal adiestrado dentro del organigrama de las escuelas y que por las medidas de austeridad tomadas por el estado han sido eliminadas. En el marco de un inicio del curso escolar a distancia que, aunque novel, se preveía dado la situación de la pandemia del COVID – 19, el mismo ha sido uno desorganizado, carente de recursos y sin responder a las necesidades y realidades de la comunidad escolar. Esta orden se suma a las acciones improvisadas en cada semana que el Departamento de Educación redacta una carta o normativa donde determinó requerirle al personal de Trabajo Social que entre sus funciones se encuentre el apoyo a los directivos de las escuelas, visitando los hogares de las familias con niñez y juventud del sistema público de enseñanza”, señaló.

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“Nos unimos a los reclamos de las organizaciones sindicales del magisterio para atender los reclamos de todos los sectores para que la operación de esta normativa no ponga en riesgo a las familias y a los profesionales del programa de trabajo social. La función del Programa de Trabajo Social es aportar al desarrollo integral de nuestra niñez y juventud, y no para fungir como brazos administrativos del Departamento de Educación, en su incapacidad de identificar a mas 100,000 estudiantes desaparecidos durante la pandemia. Es totalmente contradictorio hablar del ingreso de otras profesiones con sueldos que superan a quienes por décadas no han recibido apoyo o incentivos económicos, asumiendo sus deberes y hoy quieran ser degradados a funciones administrativas”, mencionó.

“La legitimidad de nuestra profesión se fundamenta en el apoyo y acompañamiento de las familias con las que trabajamos en distintos escenarios, esto incluye desde los principios de la defensa de los derechos humanos, hasta como en este caso, el acceso a la educación y servicios que apoyen al estudiantado. En la normativa vigente, el trabajador social escolar tiene entre sus acciones las visitas a los hogares de las familias, pero no con el propósito que esboza la carta del 28 de agosto sobre el seguimiento y apoyo de las familias (sic), del Departamento de Educación”, añadió.

López Ortiz aprovecho la oportunidad para cuestionarle al Departamento de Educación si tiene disponibles de inmediato los recursos que permitirán un aprovechamiento académico de los estudiantes. “Sabemos que de esas visitas surgirá las necesidades que ya conocemos de falta de equipo tecnológico, falta de acceso a internet entre otros recursos. Familias con escasas herramientas para asumir el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus niños y juventud. Por eso es meritorio preguntarle al Departamento de Educación si tiene listos los recursos para proveer al estudiantado”.

Aprovechó además para solicitar las medidas básicas patronales para todos los empleados escolares, incluyendo los trabajadores sociales escolares. “No se deben minimizar y manejar de forma liviana las condiciones laborales de nuestros profesionales, en tanto, en la medida que no se aseguren asuntos de salud y seguridad como el Colegio ha exigido al Gobierno desde el 2017, estamos también violentando y precarizando los servicios de calidad que merecen nuestra niñez y juventud”, añadió.

Finalmente, exigió respuestas transparentes y viables por el Departamento de Educación, ya que “Se nos va la vida sin asumir la responsabilidad de ofrecer el acceso a la educación, derecho constitucional de la ciudadanía, y el apoyo que requieren nuestras familias en este proceso, sin incurrir en ubicar a los profesionales del trabajo social escolar en la situación de defender sus condiciones laborales”.

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