Dentro de un sofocante pabellón sin electricidad y con un hedor a excrementos humanos, algunos hombres detenidos en una cárcel para inmigrantes en Luisiana golpeaban las ventanas y rogaban que les permitieran salir. Habían pasado casi dos días desde que el huracán Laura provocó un apagón que afectó su pabellón, según dos de los detenidos.
Los guardias los dejaron salir al jardín, y el servicio eléctrico fue restablecido esa noche. Pero algunos activistas acusan a muchos centros de detención de inmigrantes de Luisiana de continuo maltrato a los internos durante y después del paso de Laura, que el jueves azotó la costa estadounidense en el Golfo de México y dejó al menos 18 muertos en la región.
PUBLICIDAD
Los dos detenidos que hablaron con The Associated Press también dijeron que estuvieron recluidos en el mismo dormitorio atestado que personas que presentaban síntomas de COVID-19 y que posteriormente dieron positivo. Hablaron a condición de guardar el anonimato porque temen represalias de las autoridades migratorias.
Te recomendamos:
- Avanzan en el Tribunal Apelativo las querellas para destituir a Dávila
- Gobernadora designa nuevo Secretario de Estado
- Radican cargos contra empleados del Municipio de Manatí por apropiación ilegal agravada
Luisiana se ha convertido silenciosamente en sitio para la detención de inmigrantes durante el gobierno del presidente Donald Trump, con miles de solicitantes de asilo detenidos a los que las autoridades de inmigración les han negado fianza, así como otros que desean permanecer en Estados Unidos o que aguardan a ser deportados. En los últimos años han comenzado a operar al menos ocho cárceles nuevas, incluyendo algunas prisiones que fueron adaptadas para detener a inmigrantes.
La policía del distrito de Jackson confirmó en su página de Facebook que el sábado hubo una protesta en el Centro Correccional de dicho municipio, una cárcel para inmigrantes con 1.200 camas situada en Jonesboro, Luisiana. La policía indicó que los detenidos “estaban molestos porque no tenían electricidad ni agua corriente” y “dañaron su dormitorio en protesta”.
“La protesta fue acallada y la actividad ha vuelto a la normalidad”, informó la oficina del sheriff.
Bryan Cox, vocero del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo que las autoridades trasladaron a los detenidos de dos instalaciones en el sur de Luisiana a la parte norte del estado antes de que el huracán tocara tierra, aunque no proporcionó los nombres de las cárceles. Indicó que la “planeación y preparación” de la agencia impidieron cualquier “ausencia extendida de energía eléctrica o agua” en las cárceles de inmigración.
PUBLICIDAD
Scott Sutterfield, un ejecutivo en LaSalle Corrections, que opera la instalación de Jackson, no respondió a las solicitudes de comentarios. LaSalle ha sido acusada de manejar mal la crisis del coronavirus y de no apegarse a las reglas del ICE en otras partes de Luisiana.
La energía eléctrica se fue en la cárcel del municipio Jackson el jueves por la noche, según los dos detenidos. Un dormitorio con unas 60 personas tenía un solo ventilador que recirculaba el aire caliente y húmedo, señalaron.
Al día siguiente, los retretes comenzaron a desbordarse y el agua mezclada con excrementos se desplazó por el dormitorio, indicaron. Uno de los detenidos, un camerunés que desea obtener asilo, dijo que él y otros trapearon el lugar sin usar guantes. Pero el mal olor persistía.
El viernes por la noche se autorizó que muchos de los hombres durmieran en el jardín porque el aire dentro del dormitorio era muy sofocante. Pero el sábado fueron confinados de nuevo dentro de su pabellón y comenzaron a protestar cuando sintieron que los guardias estaban ignorando las condiciones en el interior, agregó.
La electricidad regresó esa noche, y con ello el aire acondicionado volvió a funcionar. Los guardias les traen alimentos y agua embotellada a los detenidos, añadió el camerunés.
Pero les preocupa el coronavirus, que se ha propagado rápidamente a través de muchas instalaciones de detención de inmigrantes, con más de 5.300 casos y seis muertes en todo el país.
Según los dos detenidos, a unos 10 hombres se les aplicaron pruebas la semana pasada para ver si tenían el virus después de que presentaron síntomas y se les regresó a su pabellón en lugar de que fueran aislados. El sábado por la noche se les sacó de la unidad cuando dieron positivo.
El lunes, según el segundo hombre que habló con la AP, los detenidos comenzaron a sentirse enfermos pero no se les aplicaron pruebas.
Luz Lopez, abogada en la organización activista Southern Poverty Law Center, dijo en un comunicado que el ICE y las compañías privadas que operan prisiones “no brindan la dignidad humana básica”.
“Siguen sin rendir cuentas ante el Congreso y evaden la justicia por cualquier medio que sea necesario, incluso durante desastres naturales”, señaló. “Exigimos respuestas a las condiciones atroces en las prisiones del ICE en Luisiana”.
