Las principales organizaciones pro-pacientes, que integran la Alianza Pro-Acceso a Medicamentos(APAM), cuestionaron hoy el cambio de posición de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en torno al Proyecto del Senado 1658, que persigue insertar una serie de enmiendas para garantizar el acceso a la salud de miles de pacientes en Puerto Rico.
“Hace un mes, la ASES favoreció la medida, promulgada por la gobernadora Wanda Vázquez. Sin embargo, ahora de repente, cambió su postura y pone reparos en la aprobación final de la propuesta legislativa. Entendemos que la agencia ha perdido su norte y ha puesto en un segundo plano al paciente. Esta es una medida con la cual la gobernadora se había comprometido públicamente”, expuso María Cristy, portavoz de la Alianza.
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Según Cristy, entre las enmiendas se encuentra una disposición que ordena a las aseguradoras a evaluar y determinar la aprobación de un medicamento en un tiempo máximo de 48 horas. Durante este periodo, la aseguradora debe cubrir el despacho de la receta inicial. El aspecto de receta inicial debe ser mantenido en la medida puesto que una gran cantidad de medicamentos, como lo es la insulina, antibióticos líquidos, medicamentos inmunosupresores, medicamentos para condiciones crónicas, entre otros, no pueden ser despachados de forma parcial ya que una vez abiertos su contenido queda comprometido. Hay medicamentos, que, por orden federal, no pueden ser segregados. La medida también inserta un mandato a los aseguradores para que la aportación o descuentos que los manufactureros ofrecen en los medicamentos vaya los pacientes en beneficio exclusivo de estos y no sea utilizado por las aseguradoras o PBMs en su beneficio”.
El grupo expresó estar indignado por el cambio de postura de ASES, que, en misiva cursada a Fortaleza, hace referencia a un “posible” impacto, sin presentar data o estudio alguno que sustente tal alegación, cuando en la legislatura la agencia apoyó las iniciativas propuestas por la Gobernadora en sus proyectos.
“Este cambio de postura no nos sorprende. La norma ha sido que ASES se opone a todo proyecto dirigido a beneficiar a los pacientes, con la excusa constante de que podría tener un impacto. Ninguna de las ocasiones en que ASES ha levantado un alegado impacto, ha estado sustentado por datos o estudio alguno. Es una postura poco responsable que la agencia levanta de forma automática, haciéndose eco de los planteamientos infundados de las aseguradoras. Por el contrario, la agencia pierde de perspectiva el impacto económico que tiene para las arcas del gobierno el tener miles de pacientes descompensados, sin acceso adecuado a sus medicamentos, generando condiciones más severas, lo que se convierte en un mayor costo para el sistema de salud. Esa es la realidad que viven los pacientes en la isla y ese es el verdadero impacto que debe preocupar a ASES, y que no se está considerando”, sostuvo Alex Ramírez, de la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia y también portavoz de la Alianza.
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La Alianza exhortó a la Gobernadora, Wanda Vázquez Garced, a no dejar que los intereses económicos detrás de este asunto descarrilen su intención y compromiso en pro de los pacientes de Puerto Rico. “Confiamos que el compromiso que públicamente la Gobernadora hizo con los pacientes se concrete. Al final del camino, ella deja una silla, pero el peso de su palabra quedará ahí para la historia”, puntualizó Cristy.
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“Hay factores que impactan directamente los costos de nuestro sistema de salud, que ASES ignora, como el aumento reciente en los contratos de los PBMs, ascendente a $30 millones, el dinero que la agencia deja de devengar en sanciones a sus contratistas por incumplimientos, producto de una carencia de fiscalización, así como la omisión de integrar y utilizar los programas bajo la asignación de fondos del Center for Medicaid and Medicare Services (CMS), que ascienden a $300 millones. Esto sí representa un impacto directo y real. El ofrecer un acceso apropiado a la salud en beneficio de los pacientes, no es un gasto, tampoco un impacto, sino una obligación”, sostuvo Leticia López, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda a Pacientes de Psoriasis y miembro de la Alianza.
El grupo de organizaciones puntualizó que la petición de ASES, de que la medida sea devuelta a la legislatura, es una estrategia de las aseguradoras para insertar a la medida enmiendas que laceren su funcionalidad. Sostuvieron que uno de los mayores retos que tiene nuestro sistema de salud es precisamente la función laxa de ASES en su labor fiscalizadora. Alertaron, que hay leyes aprobadas, como lo es la Ley 82-2019 para fiscalizar a los PBMs, que, a un año de haberse aprobado, aún espera por la promulgación de reglamentación por parte de ASES. “Aquí tiene que haber cambios reales. ASES tiene que retomar su norte, que es y deber ser, el ofrecer un mejor acceso a la salud en beneficio de los pacientes. ASES no puede convertirse en el portavoz de las aseguradoras y las entidades con intereses económicos, ya que su misión institucional es para con el paciente. Los aseguradores y PBMs son sus contratistas, obligados a rendir un servicio de calidad, no son sus “socios de negocio”, como les ha llamado la agencia a estos públicamente”, enfatizó Celia Galán de APNI (Apoyo a Padres de Niños con Impedimento).
La Alianza Pro-acceso a Medicamentos está integrada por la Sociedad Americana contra el Cáncer, Asociación de Alzheimer, Asociación de Ayuda a Pacientes de Psoriasis, APNI (Apoyo a Padres de Niños con Impedimento), Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Consejo Renal de Puerto Rico, Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, entre otras.
En los pasados dos días, Metro Puerto Rico ha publicado el contenido de unas misivas enviadas por ASES donde cambian su posición ante este proyecto en un mes. El pasado 24 de julio enviaron un memorial al Senado apoyando la medida, sin embargo, el 25 de agosto cambiaron su postura solicitando a la gobernadora Wanda Vázquez que vetara la legislación. Ayer, ASES se comunicó con Metro e indicaron que estarían retirando la misiva donde solicitaban el veto, enviando una nueva condicionando su apoyo al proyecto si es enmendado.
