Por primera vez desde que Puerto Rico comenzó a sufrir los estragos causados por la pandemia del Covid-19, la gobernadora Wanda Vázquez prohibió expresamente las caravanas, actividad que fue muy común en las campañas políticas de cara al proceso primarista que concluyó el pasado fin de semana.
En la sección 14 de la Orden Ejecutiva (OE) 2020-62, publicada esta tarde, se estipula que “quedan desautorizadas todas las actividades multitudinarias, tanto en espacios abiertos como cerrados, incluyendo desfiles, caravanas y actividades análogas que propendan al aglomeramiento de personas”.
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La OE 2020-60, que estará en vigor hasta el viernes, también prohibía las actividades multitudinarias, pero no mencionaba explícitamente las caravanas o los desfiles.
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La propia Vázquez participó de caravanas durante su campaña política, que llegó a su fin el domingo tras caer derrotada ante Pedro Pierluisi en la contienda por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista.
La OE 2020-62, por otra parte, no contiene la multa de $100 que se impondría a las personas que salgan a la calle sin mascarillas, y que Vázquez mencionó ayer cuando anunció los cambios respecto al decreto previo.
En la sección sobre el incumplimiento con la orden ejecutiva se dispone que “se ordena la intervención con aquellos ciudadanos que incumplan con las medidas cautelares descritas en esta Orden, incluyendo el uso obligatorio de mascarillas. De incumplir con las disposiciones de esta Orden, la persona estará sujeta a enfrentar un proceso penal”.
Las únicas penalidades a las que se hace referencia son la multa de hasta $5,000 y pena de hasta seis meses de cárcel por violar cualquier disposición del decreto.
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Ayer, además, se mencionó que las distintas industrias establecerían unas métricas que, de incumplirse a nivel colectivo, podrían derivar en la clausura de todo el sector. La OE 2020-62, sin embargo, no precisa esos parámetros ni a cuáles industrias le aplicarían.
“Como parte de los esfuerzos para fiscalizar el cumplimiento con esta orden ejecutiva, el sector privado ha establecido un sistema de vigilancia colaborativa dirigido a la auto fiscalización de cada sector económico respecto al manejo de contagios de COVID-19 en los establecimientos”, es el único lenguaje alusivo al mecanismo de “autofiscalización” que se incluye en el decreto.
Se indica también que los patronos deberán cumplir con los protocolos de autocertificación dispuestos por el Departamento del Trabajo, en unas guías que se publicaron en marzo, al inicio de la pandemia.
La orden ejecutiva tampoco estipuló un cierre de las iglesias, pese a que el secretario de Salud, Lorenzo González, había anticipado esta semana que así se haría. En su lugar, a las iglesias le aplicará la misma disposición que a la mayoría de los espacios comerciales, en los que se permitirá la entrada de público hasta un 25% de la máxima capacidad.
