Nelson Del Valle se declara no culpable de acusación federal

El juez le impuso una fianza de $25,000 al representante novoprogresista, quien fue arrestado hoy.

Por Sadot Santana Miranda

El representante novoprogresista Nelson Del Valle se declaró hoy no culpable de seis cargos criminales por supuestamente haber participado en un esquema de fraude, soborno, robo y comisiones ilegales.

Durante una vista —por medio de teleconferencia—, el magistrado Bruce McGiverin le impuso una fianza de $25,000 al legislador, la cual deberá prestar en un máximo de siete días. Al legislador también se le acusa de obstrucción a la justicia.

Del Valle se expone a una sentencia máxima de cinco años por el cargo de conspiración, 10 años por robo y soborno, 20 años por cada cargo de fraude electrónico y obstrucción a la justicia.

Mientras que Nickolle Santos Estrada, quien fue empleada de Del Valle Colón, se declaró hoy no culpable de supuestamente haber participado en el esquema junto al legislador Del Valle Colón. El juez McGiverin le impuso una fianza de $20,000 no asegurada, por lo que no tendrá que prestar ninguna cantidad para poder ser dejada en libertad.

Por su parte, a Mildred Estrada-Rojas, el juez McGiverin le impuso una fianza no asegurada de $20,000. Sin embargo, no emitió alegación por los cargos presentados debido a que se le asignó una abogada de la Oficina del Defensor Público minutos antes de la vista. El magistrado ordenó una vista para el próximo martes.

La jueza federal Sylvia Carreño atenderá el caso contra los tres coacusados.

Similar a la acusación presentada esta semana contra la representante María Milagros Charbonier, el pliego acusatorio del legislador también alude a un supuesto esquema de fraude mediante la inflación de salarios de empleados de oficina y obtener comisiones ilegales de fondos federales.

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El patrón habría comenzado con Mildred Estrada-Rojas, quien comenzó a trabajar con el legislador en su primer término en 2005 Entre 2009 y 2016, Estrada-Rojas continuó trabajando para el sucesor de Del Valle Colón en dicho cargo legislativo. Entre 2009 y 2016, Estrada-Rojas cobraba unos $1,000 bisemanales. En 2017, cuando Del Valle Colón regresa al escaño legislativo, Estrada-Rojas volvió trabajando con el legislador, pero en esta ocasión empezó a cobrar un salario de $2,300 bisemanales. Entre enero de 2017 y julio de 2020, el salario de Estrada-Rojas varió entre $2,200 y $3,500 bisemanales.

El pliego acusatorio hace alusión a un 'individuo A', al que Del Valle Colón también le habría aumentado el salario de $1,500 bisemanales a $2,650 entre enero de 2017 hasta septiembre de 2018. Sin embargo, en este caso, en octubre de 2018, Del Valle Colón le bajó el salario a este empleado a $850 bisemanales. En abril de 2019, el 'individuo A', renunció a su puesto en la oficina del legislador.

Santos, por su parte, comenzó a hacerle entrega a Del Valle Colón de comisiones ilegales a menos de un mes de su regreso al escaño legislativo en 2017. Inicialmente, Santos entregó a Del Valle Colón unos $1,285 de cada cheque y luego $1,000. Santos cobraba $2,000 de su salario bisemanal.

En los tres casos —Santos Estrada, Estrada Rojas y con 'individuo A'— Del Valle Colón les infló el salario "sin ninguna razón legítima y coordinó acuerdo corruptos con cada uno de ellos". Desde principios de 2017 hasta algún momento del 2020, los tres empleados recibieron un salario inflado y se quedarían con una porción de dicho aumento. Luego, de ese aumento, enviarían una cantidad —que fluctuó entre los $500 a $2,000— de cada cheque a Del Valle Colón, en lo que constituye una comisión ilegal —también conocida como 'kickback'—.

En una conferencia de prensa, el fiscal federal en la Isla, Stephen Muldrow, no comentó sobre si hay más legisladores bajo investigación. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Jhonny" Méndez dijo que colabora con las autoridades federales en indagaciones sobre varios legisladores. Metro supo que las indagaciones han sido sobre legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD).

A la pregunta al fiscal Muldrow sobre qué puede motivar a los legisladores a entrar en estos esquemas ilegales, respondió que "avaricia".

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