El grupo de demandantes que busca la apertura de los comedores escolares y las personas que integran la Mesa Social denunciaron hoy lo que catalogaron como una insensibilidad del gobierno en uno de los momentos más vulnerables que vive el pueblo de Puerto Rico ante el avance del Covid-19 entre la población al insistir en no abrir los comedores.
Al mismo tiempo, anunciaron que presentaron un recurso extraordinario de Certiorari ante el Tribunal Supremo para que ese foro colegiado resuelva de una vez y por todas el alcance, responsabilidad y obligación del Gobierno de Puerto Rico de proveer alimentación a las personas en estado de necesidad dentro de esta situación de emergencia y las que se avecinan ante lo que ya es una activa temporada de huracanes.
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“Sostenemos que el derecho a la vida que establece nuestra Constitución le impone al Gobierno el deber de no poner sus ciudadanos en riesgo de perderla. Se trata de un caso de gran trascendencia no sólo para los demandantes sino para todo el País y confiamos en que el Tribunal Supremo hará lo correcto desde una mirada de equidad y justicia para todas las personas”, dijo Osvaldo Burgos, uno de los abogados del caso.
“Resulta insólito que hayamos tenido que llegar ante el Tribunal Supremo para solicitar un derecho tan fundamental ante la insensibilidad de un Gobierno que se ha negado a proveer lo mínimo que cualquier Estado le tiene que garantizar a las personas que habitan en su territorio”, agregó Burgos.
El 22 de mayo de 2020 el Juez Superior Anthony Cuevas le ordenó mediante sentencia al Departamento de Educación y al Gobierno que abriera cuantos comedores fuesen necesarios para paliar las condiciones impuestas ante la cuarentena que decretó el Gobierno tras la pandemia por el Covid-19.
Sin embargo, el Estado acudió al Tribunal Apelativo con el alegato de que no era responsabilidad suya atender a toda la población y delegó en las organizaciones sin fines de lucro la repartición de alimentos. El 16 de julio de 2020 el panel compuesto por las juezas Laura Ivette Ortiz Flores, Aida Nieves Figueroa y Gloria Lebrón Nieves concluyó entre otras cosas que no se demostró un daño irreparable y que la Constitución no obliga al Gobierno a alimentar a todas las personas.
En contraposición, el grupo de demandantes sostiene que ignorar la situaciones terribles de pobreza y desempleo en este momento histórico, no hará desaparecer la necesidad que hay y que solo basta mirar lo que reportan los medios de comunicación, lo que expresan miles de personas desesperadas en sus redes sociales y las filas para conseguir cajas de alimentos que apenas se reparten en algunos puntos sin dar abasto para todas las personas que lo solicitan.
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El deber de alimentar no es de las organizaciones, es del Gobierno de Puerto Rico y las organizaciones hacemos esto con mucho sacrificio porque no tenemos más opción y porque sí amamos a nuestro país.”, dijo Janice Soliván Roig, de Casa Juana Colón.
El grupo de demandantes incluye a las Organizaciones Proyecto Matria, Casa Juana Colón, Comedores Sociales, Solidaridad Humanitaria y el Comité Timón de Educación Especial junto a madres y encargadas de menores en varios pueblos alrededor de la isla.
La Mesa Social está compuesta por un grupo de organizaciones y profesionales comprometides con la salud integral y los derechos humanos de Puerto Rico. Proponemos una mesa de trabajo que incorpore saberes y experiencias diversas en el manejo del COVID 19.
