Amplio reclamo de explicaciones a la gobernadora por referidos de Justicia

La revelación de que el Departamento de Justicia detuvo en el último segundo el referido de una investigación preliminar que recomendaba la asignación de un fiscal especial independiente a la gobernadora Wanda Vázquez Garced sacudió el escenario político en el país apenas tres días después de que la secretaria de esa agencia, Dennise Longo Quiñones, fuera destituida por diferencias con la mandataria.

Unas horas después de que la presidenta del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, admitiera que personal de Justicia llegó hasta su oficina para entregar unas cajas que contenían referidos de altos funcionarios, pero que en el último instante recibieron la instrucción de devolverlas, la gobernadora emitió unas declaraciones escritas en las que no abundó sobre el suceso, más allá de volver a negar que el despido de Longo Quiñones estuviera relacionado con alguna pesquisa en su contra y de afirmar que no interviene en las investigaciones.

“A mi pueblo les digo que mi hoja de vida habla por sí sola. Ante las publicaciones realizadas en medios de comunicación sobre una alegada investigación del Departamento de Justicia, quiero nuevamente dejar totalmente claro que, como gobernadora, he dado total independencia a dicha agencia y nunca fui notificada de investigación alguna en mi contra, por ende, la determinación de retirar la confianza a la exsecretaria no tiene ninguna relación con las alegaciones. Mañana (hoy) estaré ofreciendo todos los detalles, de frente, como me he distinguido en toda mi carrera. Con la verdad”, expresó Vázquez Garced.

Metro reportó ayer que, al menos en parte, el referido de Vázquez Garced al PFEI se relacionaba con el despido de la entonces secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, en medio de la respuesta a los terremotos en el suroeste de la isla. Este diario pudo corroborar con distintas fuentes que Justicia trató el caso de Andújar como uno de ‘whistleblower’. Una fuente apuntó que se recomendaría aplicar por primera vez en Puerto Rico el Código Anticorrupción en lo relacionado a protección a los derechos del denunciante.

Al cierre de esta edición, la secretaria de Justicia interina, Wandymar Burgos Vargas, expuso que solicitó la devolución de los referidos porque nunca fue informada en la transición. Asimismo, indicó que iniciará una investigación sobre las gestiones que se hayan realizado luego de solicitada la renuncia a su predecesora.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien encabezó la investigación cameral sobre la respuesta del gobierno a los terremotos de inicios de año, reaccionó sorprendido ante la información de que la propia gobernadora hubiera estado incluida en los referidos que Longo Quiñones pretendía entregar al PFEI.

El legislador, quien además es portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara baja, sostuvo, sin embargo, que es muy temprano para determinar si Vázquez Garced u otros funcionarios de alto nivel incurrieron en actos de obstrucción a la justicia si, como varios medios han reportado, se despidió a Longo Quiñones para evitar que refiriera a la mandataria al PFEI o si la instrucción de devolver los referidos al Departamento de Justicia vino desde La Fortaleza.

El artículo 246 del Código Penal define como delito menos grave la resistencia u obstrucción al ejercicio de la autoridad pública cuando se intenta “impedir a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de las obligaciones de su cargo”.

“Es muy sensitivo. Yo trato de no especular nunca y este caso en particular es bien sensitivo. Sí (hago) la invitación a la gobernadora y a la nueva secretaria de Justicia a que hablen con transparencia sobre este asunto y le digan al pueblo qué es lo que ocurrió con ese alegado referido y por qué la decisión de retirar un referido que ya estaba prácticamente en las manos del PFEI”, respondió el representante a la pregunta de si consideraba que había elementos de obstrucción de justicia en el proceder del Departamento de Justicia.

“En toda la investigación no trascendió nada en esa dirección. Tenemos un sinnúmero de información, por ejemplo, el asunto de la senadora Evelyn Vázquez y su esposo, ambos son mencionados en el informe que hizo el Departamento de la Familia, no en el de la Cámara de Representantes. Pero no así el nombre de la gobernadora. Le corresponde aclarar tanto a la gobernadora como a la exsecretaria (Longo) y alegadamente unos fiscales que firmaron los referidos”, añadió Rodríguez Aguiló. La senadora, simpatizante de la candidatura de Vázquez Garced, y su esposo, el empresario Peter Muller, participaron de las entregas de suministros de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), que presuntamente se vieron afectadas por objetivos político partidistas.

Entrada la noche, el senador y presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, exigió a los líderes de los cuerpos legislativos que autoconvocaran a las cámaras al “más exhaustivo proceso de investigación”.

Uno de los escenarios que la Constitución dispone para la autoconvocatoria de los cuerpos fuera de las sesiones ordinarias es, precisamente, cuando se dilucidan procesos de residencia contra funcionarios de la rama ejecutiva.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en un ‘post’ dirigido al analista político Luis Dávila Colón, tronó contra la posibilidad de pedirle la renuncia a la gobernadora o considerar un proceso de residencia.

“Si usted no es PNP y si no ha visto el referido, ni conoce el contenido, ¿de qué renuncia o residenciamiento usted habla?”, sostuvo el también líder de la Palma.

Rodríguez Aguiló recordó que la Comisión Especial para la Reconstrucción Especial y Reparación Total mantiene abierta la investigación hasta el 31 de diciembre, por lo que no descartó convocar a vistas públicas para atender el escándalo, pese a que el plan original es continuar con la pesquisa legislativa luego de las primarias del 9 de agosto.

“En cualquier momento nosotros pudiéramos convocar a una vista pública para cualquier asunto relacionado a lo que estamos investigando, lo que investigamos y a la reacción del gobierno ante los terremotos. Ciertamente, si la pregunta es si la Cámara puede hacerlo, la contestación es que sí. Estamos facultados por una resolución que está abierta, que es la que crea la comisión, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Esto nos tomó por sorpresa a todos. Hay que ver el desenvolvimiento de la historia, las reacciones y declaraciones que se emitan por las partes involucradas. Una vez eso ocurra estaremos en mejor posición de tomar una postura y determinación en cuanto a la acción a seguir con la comisión especial”, manifestó Rodríguez Aguiló, quien se opuso a la confirmación como secretario de Estado de Elmer Román, funcionario que también está incluido en los referidos que fueron devueltos a Justicia, según reportó el Centro de Periodismo Investigativo.

Tarde anoche, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, escribió en su cuenta de Twitter que esperaría a escuchar las explicaciones de la primera ejecutiva antes de determinar el curso de acción.

“Nuestro pueblo, demanda total y absoluta transparencia en la función pública. Menos de eso no merece Puerto Rico. Vamos a escuchar con mucho detenimiento lo que tiene que decir la gobernadora sobre estas serias imputaciones destacadas en la prensa de la isla. Dejamos claro a todos que en la Cámara de Representantes actuaremos tomando las acciones conforme a derecho y de manera transparente”, sostuvo el líder legislativo.

El rival de Vázquez Garced por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, en tanto, indicó que “de ser cierta” la información, “habría ocurrido una obstrucción a la justicia al más alto nivel de nuestro gobierno”.

“Este asunto tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias”, subrayó el ex comisionado residente, en palabras de las que se hizo eco la actual delegada de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González.

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