Despido de Glorimar Andújar es base de uno de los referidos al FEI que toca a la Gobernadora

Metro pudo corroborar con varias fuentes que uno de los referidos al FEI a la Gobernadora era por represalias contra la funcionaria que investigaba alegaciones de corrupción.

Por Aiola Virella y Manuel Guillama Capella

Una de las investigaciones preliminares que llegó hoy a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) con recomendación de investigar a la gobernadora Wanda Vázquez y a otras figuras de La Fortaleza se relaciona al despido de la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andujar, según varias fuentes de Metro.

La propia exsecretaria de Justicia, Dennise Longo, había anticipado que la pesquisa sobre el manejo de los suministros de emergencia de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) estaba adelantada. Sin embargo, el referido no se centraba en la participación de figuras políticas durante la entrega de la ayuda sino en el despido de la secretaria de la Familia luego de iniciar una pesquisa interna y separar de su cargo a la administradora de ADSEF, Surima Quiñones, acción que le pidieron desde la Mansión Ejecutiva que revocara. El informe al FEI que dejó firmado en su escritorio Longo el viernes en la noche planteaba que el despido de Andújar fue en represalia por iniciar una investigación sobre alegaciones de corrupción.

Metro pudo corroborar con distintas fuentes que Justicia trató el caso de Andújar como uno de whistleblower. Una fuente de este diario apuntó a que se recomendaría aplicar por primera vez en Puerto Rico el Código Anticorrupción en lo relacionado a protección a los derechos del denunciante.

Wanda y Ricky

Este Código fue presentado por el renunciante gobernador, Ricardo Rosselló el 4 de enero de 2018, con Wanda Vázquez a su lado, como secretaria de Justicia. “Con el Código Anticorrupción se fortalecen las protecciones a las que tienen derecho los denunciantes (whistleblowers) de actos de corrupción gubernamental. Con esta acción se busca que toda persona que conozca de actos impropios tenga la confianza de que estará protegido al hacer la denuncia. Además, entre los cambios establecidos se aumenta a tres años el término prescriptivo para que cualquier persona pueda instar una acción civil por represalias”, leía el comunicado de prensa de La Fortaleza en aquel entonces.

La investigación en Justicia nació por una querella del representante popular, Rafael “Tatito” Hernández contra la gobernadora luego que trascendiera a través de Telenoticias un correo electrónico en el que se le pedía a Andújar por parte del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, que dejara sin efecto la suspensión de la administradora de ADSEF.

Luego que Andújar notificó a La Fortaleza sobre la investigación interna ordenada ante alegaciones de intervención de políticos con las ayudas de ADSEF y de la suspensión de Quiñones, fue despedida en medio del escándalo del almacén de suministros de Manejo de Emergencias en Ponce, asunto en el cual la funcionaria no tenía nada que ver.

Este diario supo que acciones que podrían considerarse como persecución o represalias contra Andújar se extendieron más allá de su salida de la secretaría, pues la abogada retornó a un puesto de carrera en el gobierno.

Finalmente el informe de la División Legal del Departamento de la Familia confirmó irregularidades en la distribución de ayudas de ADSEF luego de los terremotos por la intervención de políticos en un programa manejado con fondos federales. El entonces secretario interino de Familia, Eddie García notificó el despido de Quiñones como administradora de ADSEF. Días después culminó su gestión como jefe de Familia cuando la Gobernadora nombró al incumbente, Orlando López, precisamente un contratista en ADSEF bajo la incumbencia de Quiñones.

Metro entrevistó al senador novoprogresista Nelson Cruz para saber si había sido entrevistado en esta pesquisa por la División de Integridad Pública de Justicia, ya que fue una de las figuras políticas en la distribución de ayuda, pero dijo que no. Cruz destacó que podría ser luego llamado como testigo.

Pabón Batlle declinó confirmar a este diario si fue entrevistado por la División de Integridad Pública de Justicia porque dijo que no comentaría sobre investigaciones en curso.

Longo no ha estado disponible para comentar sobre el asunto.

La secretaria de Justicia interina, Wandymar Burgos Vargas, no ha estado disponible para explicar por qué pidieron que se devolvieran las cajas que llegaron a la oficina del FEI.

Te recordamos este episodio del podcast Con Los Editores sobre el escándalo en ADSEF

Otros medios como El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo reportan que otras investigaciones que llegaron al FEI y luego se devolvieron a Justicia se relacionan al almacén de Ponce y que también recomendaban investigación del FEI contra la gobernadora.

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