Junta evaluará "otras alternativas" si Legislatura no aprueba ley para acuerdo de la AEE

La directora de la Junta, Natalie Jaresko, insistió en que el acuerdo actual requiere legislación para que se lleve a cabo

Por Miladys Soto

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko aseguró que evalúan "otras alternativas" para dar paso al acuerdo de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), esto luego de que la Legislatura mostrara oposición al proyecto de ley que viabiliza en RSA (por sus siglas en inglés).

Durante una conferencia de prensa en la que se anunció un acuerdo colaborativo entre la Junta, la Universidad de Puerto Rico y el Gobierno para reducir el atraso en el Registro de Propiedad, Jaresko catalogó como "desafortunado" que los líderes legislativos se mostraran en contra del proyecto, por el aumento en la tarifa de energía eléctrica que supone el acuerdo. Sin embargo, la directora de la JCF se limitó a decir que evaluaban las alternativas aunque no las detalló.

Jaresko recalcó que el acuerdo "requiere legislación".

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La portavoz del ente creado por la Ley Promesa defendió el acuerdo y aseguró que tendría "beneficios" para los ciudadanos, más allá del aumento del kilovatio hora. Asimismo, entre los alegados beneficios Jaresko destacó que con el RSA se viabiliza el plan de ajuste del Gobierno, y la Isla podrá salir de la quiebra, hecho que le permitirá regresar a los mercados.

En entrevista con Metro, ayer el abogado experto en quiebras John Mudd precisó que el aumento en la tarifa es necesario para el pago de la deuda, y que en caso de que no se apruebe el RSA, no se puede dar paso al ajuste de deuda. “La sección 930 de Quiebras establece que si no se puede aprobar un plan de ajuste, la quiebra se desestima”, explicó Mudd. En caso de que se desestime la quiebra, los bonistas podrán ir a cualquier tribunal a reclamar su acreencia.

El 3 de mayo de 2019 el Gobierno de Ricardo Rosselló anunció un acuerdo de reestructuración de deuda con los bonistas de la AEE, el Grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE y la compañía aseguradora de bonos, Assured Guaranty Corp.

Durante el anuncio, la postura del Gobierno fue que el acuerdo ahorraba $3,000 millones de la deuda de la AEE, que asciende a $9,000 millones.

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