Colectivos feministas se manifestaron este sábado en diversas ciudades de Brasil para exigir a la Cámara de Diputados la aprobación de un proyecto de ley que busca tipificar la misoginia como delito con penas más severas.
La convocatoria fue realizada por el movimiento Levante Mulheres Vivas, que organizó protestas en una veintena de ciudades, incluida São Paulo, donde un grupo de manifestantes se concentró frente al Museo de Arte con consignas relacionadas a la violencia de género.
El objetivo principal de las movilizaciones es que el presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, lleve a votación el proyecto de ley que propone incluir la misoginia entre los delitos de prejuicio y discriminación, en una categoría similar al racismo.
De acuerdo con la propuesta, este tipo de delito conllevaría penas de entre dos y cinco años de prisión, además de multa. Actualmente, la misoginia se trata bajo figuras como la injuria y la difamación, que contemplan sanciones menores.
El proyecto, conocido como la “PL de la Misoginia”, plantea establecer un marco penal específico para este tipo de conductas, en respuesta a lo que sus proponentes describen como un aumento en casos de violencia verbal y simbólica contra las mujeres.
Distintos sectores han expresado posiciones encontradas sobre la iniciativa. Mientras algunos consideran que fortalecería la protección de las mujeres, otros han planteado preocupaciones sobre posibles implicaciones en materia de libertad de expresión.
La propuesta ya recibió la aprobación del Senado y se encuentra a la espera de evaluación en la Cámara de Diputados para completar su trámite legislativo.
En declaraciones divulgadas en redes sociales, la exministra de las Mujeres Cida Gonçalves señaló que la medida debe ser atendida con prioridad.
“Hugo Motta dice que no es una prioridad y que no lo pondrá en votación antes de las elecciones. Necesitamos exigir que el Parlamento lo vote. La vida de las mujeres es una prioridad”, expresó.
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja ha indicado que se creó un grupo de trabajo que analizará la propuesta por un periodo de hasta 45 días.
Durante las manifestaciones, algunas participantes también reiteraron llamados para que se atienda el tema con urgencia, en medio del proceso legislativo en curso.
