Con el propósito de asegurar la prestación de servicios educativos inclusivos para los menores con discapacidades entre los 3 a 21 años, la Cámara de Representantes aprobó el lunes, el Proyecto de la Cámara 1945, que busca establecer la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico”.
El presidente de este cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, autor de la pieza junto a la delegación de la mayoría parlamentaria, señaló que es de conocimiento público que esta propuesta fue vetada previamente por el exgobernador, el doctor Ricardo Rosselló Nevares.
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En este nuevo proyecto legislativo de 183 páginas, Méndez Núñez expresó la premura de esta legislación al sostener que, hasta el presente, el Departamento de Educación ha fallado en su responsabilidad y obligación estatutaria de proveer una educación pública, gratuita y apropiada en su programa para estos niños.
El presidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad, Rafael “June” Rivera Ortega que estudio la pieza en vistas públicas, presentó un Informe Positivo. El Representante coincidió en que “los hallazgos revelan que la agencia educativa carece de la voluntad para viabilizar que los menores con discapacidades reciban los servicios que los pondrían en igual condiciones a sus pares sin discapacidades.
Rivera Ortega mencionó que se transcribió un resumen de las partidas en la certificación de fondos adicionales necesarios para sufragar el mencionado Proyecto de la Cámara 1484, firmada por María de los A. Lizardi Valdés, en calidad de directora de la Oficina de Presupuesto del Departamento de Educación. Sin embargo, no fue entregada a la Asamblea Legislativa en ningún momento por la agencia.
Incluso, agregó que “en esta lucha que llevo por años donde estamos poniendo el corazón y alma para que los niños discapacitados de Puerto Rico tengan igual oportunidades, lo estamos haciendo bien. Estamos bien comprometidos con los niños de educación especial y hemos estado visitando los pueblos de la Isla para ayudar en sus necesidades y reclamos. Estamos haciendo un buen trabajo”.
La representante María Milagros Charbonier Laureano felicitó al representante Rivera Ortega por su trabajo de años a favor de esta parte de la población . “Yo como madre luche por años para tener ayuda (de educación especial) para mi hijo, y hoy mi hijo está en bachillerato en la UPR. Pero, (como) luché para ello. Los problemas que yo pase subsisten. Tiene que haber un cambio para que se resuelva el problema. Por lo tanto, hay que cambiar lo que está, porque lleva 20 años en lo que está”. La representante Jaqueline Rodríguez, se dirigió a un grupo de familias con niños de educación especial señalándoles “¿cuantas veces ustedes han ido a buscar ayuda y no la han encontrado? Yo creo que ningún padre se puede oponer a esta legislación”.
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Mientras que la representante Lydia Méndez Silva sostuvo que “todavía falta mucho por hacer. Los padres son los mejores que lo entienden… si se debe aprobar esta legislación”. De su parte, el representante Denis Márquez, sostuvo que “el problema no es que hace falta leyes, es de política pública”. El representante Manuel Natal opinó que la medida no resuelve los problemas que enfrentan los niños de educación especial al día de hoy.
En un turno sobre la medida, el representante Néstor Alonso, quien perdió su visión durante su adolescencia expresó que “soy legislador y fui estudiante de educación especial. Cada vez que escucho a los demás me convenzo más que este proyecto no le da más beneficios a los discapacitados. Aquí no hay problema de legislación sino de ejecución de la misma. Le exhorto a mis compañeros que voten con el corazón”.
Finalmente, el presidente cameral Méndez Núñez, menciona en el escrito que se pretende con esta Ley, asumir la responsabilidad de legislar y corregir los errores cometidos cuando se delegó la facultad de reglamentación a una agencia que, ya estaba sumida en un pleito de clase por no atender de modo apropiado a los menores con discapacidades a pesar de recibirse fondos federales para ello, y donde se disponía cómo atender a dicha población.
En otro asunto, fue aprobado el Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 486, de la autoría del representante Rivera Ortega, cuyo propósito es añadir un nuevo Artículo a la Ley 235-2008, que crea el “Protocolo Uniforme de Atención para el Niño Obeso”, a los fines de ordenar a los Secretarios de Educación, Recreación y Deportes y Salud establecer un “Plan Interagencial para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas Públicas”.
De igual manera, fue avalado el Proyecto de la Cámara 1706, de la autoría de la representante Charbonier Laureano, para enmendar el “Plan de Reorganización de Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, para crear formalmente una “Carta de Derechos de la Población Correccional en Puerto Rico”, y disponer que los derechos otorgados sean interpretados de la forma más liberal y beneficiosa para el cliente, además de establecer la forma en que la población correccional podrá reclamar el cumplimiento de los derechos y beneficios otorgados mediante esta Ley.
La representante y autora de la medida legislativa, Charbonier Laureano, señaló que la intención del Proyecto está dirigido a la rehabilitación del confinado que es de carácter constitucional para que sea parte de la ley orgánica de la institución “para darle fuerza a su ley” para defender su ejecución.
Por su parte, los representantes Carlos Bianchi Angleró y Jesús Manuel Ortiz, adelantaron que votarían a favor. No obstante, concordaron que a raíz de las recientes ocho muertes en las instituciones penales y las denuncias de los policías penales de falta de personal, largas horas de turno y falta de seguridad que enfrentan, se debe atender con prioridad la situación en las cárceles de la Isla y las denuncias de los guardias penales.
Por otro lado, la Resolución de la Cámara 1559 contó con el aval del cuerpo para investigar las condiciones de las carreteras municipales que transcurren por el Barrio San José del municipio de Toa Baja, evaluar los casos de hundimiento de carreteras y viviendas aledañas, así como identificar fondos para la realización de las mejoras correspondientes.
Además, el cuerpo concurrió con la Resolución Conjunta de la Cámara 320, que ordena al Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico iniciar una campaña de orientación a la comunidad en torno al almacenamiento seguro de combustible y la operación segura de generadores eléctricos en residencias y comercios.
A su vez, fue respaldada la Resolución Conjunta de la Cámara 517, que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles evaluar la transferencia del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a la Asociación Maunabeña de Pequeños Agricultores Inc., las instalaciones de la antigua Escuela SU Manuel Ortiz Suya, ubicada en el Barrio Palo Seco en el Municipio de Maunabo para instituir un centro de acopio y distribución para que los agricultores de la región reciban, envasen y revendan sus productos.
Igualmente, se dio paso a las Resoluciones Conjuntas del Senado 281 y 282 para evaluar el traspaso del predio del terreno en desuso y la Escuela de la Comunidad Agustín Lizardi en Hato Nuevo del DTOP al Municipio de Guaynabo, y al Municipio de Las Marías, el predio de terreno en desuso y la Escuela Elemental Luis Santalíz Capestany en el Barrio Maravilla.
Asimismo con la Resolución Conjunta de la Cámara 526 se reasignaron fondos de sobrantes de otras medidas a la Comisión Estatal de Elecciones para facilitar la contratación de obras y el pareo de fondos, al igual que la Resolución Conjunta del Senado 399, para reasignar fondos al Departamento de Educación (DE) y sufragar los costos no solo de terapias sino de evaluaciones para estudiantes del Programa de Educación Especial.
También, por orden de la Resolución de la Cámara 1519 se investigarán las estrategias y recomendaciones contenidas en el informe titulado “Progreso de Iniciativas Orientadas a Revertir la Tendencia de Reducción Poblacional en Puerto Rico”, sometido el pasado 13 de agosto de 2019.
Le siguió la Resolución de la Cámara 1535, que ordena investigar el cumplimiento de la “Ley para Crear el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico al ICP”, respecto a toda obra de excavación, construcción y reconstrucción por el Gobierno de Puerto Rico.
Entretanto, fue aceptado el Informe Final sometido por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, el representante Víctor Parés Otero, respecto a la investigación ordenada por la Resolución de la Cámara 1219. Esta consiste del uso de generadores eléctricos y combustible provisto por el Federal Emergency Managemente Agency (FEMA) o el United States Corps of Engenieers (USACE) a la Autoridad de Energía Eléctrica, (AEE) y la fórmula utilizada para facturar a los abonados.
Este Informe Final explica que aun tomando como hecho que el modelo tarifario que se implementó durante la emergencia provocada por los huracanes Irma y María se ajustó a las cláusulas de ajuste de facturación que se encontraban vigentes, la Comisión recomienda que se implemente prospectivamente un modelo diferente para este tipo de casos.
A esos efectos, el representante Parés Otero propone que “en casos donde la energía eléctrica que reciban los abonados sea producida por generadores externos provistos y operados por un tercero, con combustible suministrado en su totalidad por un tercero, la Autoridad no le podrá facturar a sus clientes por el servicio, aun cuando la transmisión y distribución sea provista por la Autoridad. El fin es hacerles justicia a los abonados de la Autoridad durante eventos catastróficos”.
Previo a concluir los trabajos del día, se autorizó la extensión del término de rendir informes a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales respecto a la Resolución de la Cámara 1526, a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros en cuanto a la Resolución de la Cámara 1484 y a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía sobre la Resolución de la Cámara 1533.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el jueves, 3 de octubre de 2019, a las 11:00 de la mañana.
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