El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, solicitó el martes a la Oficina del Inspector General (OIG) una auditoría de los contratos de las aseguradoras del Plan de Salud Vital de la Administración de Seguros de Salud (ASES), luego de que surgieran acusaciones a nivel federal contra la exdirectora ejecutiva de la entidad Ángela Ávila.
“Según se desprende del pliego acusatorio hay unas actuaciones que se detallan que aluden a alegados malos manejos en los procesos de contrataciones en ASES. Esto nos obligó a requerir una auditoría completa de los contratos para identificar cualquier acción que se pueda tomar para subsanar actos que se determinen como indebidos. Si bien solicitamos inmediatamente a comienzos de mayo proactivamente una auditoría de los contratos de la compañía BDO al advenir en conocimiento de las investigaciones federales, es pertinente realizar una investigación adicional a fondo de otros contratistas para así promover la sana administración que todos deseamos y promovemos”, indicó el licenciado Llerandi en comunicación escrita.
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Mencionó que en el pliego acusatorio, revelado el pasado 10 de julio, se hacen referencias a actos de la exfuncionaria Ángela Ávila con relación a varias compañías aseguradoras. Sin embargo, en el documento no se especifican todas las identidades de las compañías o personas relacionadas con el esquema denunciado que permitan identificación alguna de las aseguradoras que le brindan servicios al Gobierno de Puerto Rico a través del Plan Vital.
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“Ante todo lo descrito al momento por las investigaciones que desarrollan las autoridades federales, tenemos la responsabilidad de continuar identificando los elementos que nos levantan serias preocupaciones y que atentan con una sana administración. En la Oficina del Inspector General tenemos los recursos para hacer una revisión en detalle y así poder tomar determinaciones efectivas”, precisó el secretario.
El secretario de la Gobernación recalcó que a la OIG se le facilitará toda la documentación e información que de paso a evaluar cualquier irregularidad previo y luego al proceso de subastas.
