La Junta de Control Fiscal (JCF) aseguró que las limitaciones legales y fiscales que pesan sobre Puerto Rico los han obligado a reformar las pensiones.
“Décadas de mal manejo financiero, pobre financiamiento y préstamos sobre las pensiones de la gente, han dejado a los sistemas de retiro del gobierno central, maestros y jueces prácticamente sin dinero. Si el gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones utilizando como fuente de financiamiento el presupuesto del fondo general, los pensionados ya habrían dejado de recibir sus cheques. Pero eso significa que, de su presupuesto operacional, el gobierno tiene que identificar los fondos para pagar el costo anual de las pensiones (aproximadamente $2,500 millones al año), dado a que los sistemas de retiro están en quiebra”, expuso el ente creado por la Ley Promesa en una comunicaci´øn escrita.
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Hoy el gobernador Ricardo Rosselló convirtió en ley el Proyecto de Senado 1258 o la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, a fin de eliminar la obligación de los ayuntamientos de aportar al Plan de Salud del Gobierno y al sistema de Pay as You Go.
“Ahora, el gobierno no puede tomar prestado y no hay dinero en el sistema de retiro. La Junta de Supervisión no duda que las intenciones del Gobernador, de pagar las pensiones en su totalidad ahora y siempre, sean sinceras. Pero lamentablemente la realidad es que el gobierno no tiene el dinero para sufragar este gasto”, dijo la Junta.
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De igual forma, la Junta expuso que la reforma de pensiones reduce el costo de éstas por más de $10,000 millones durante los próximos 30 años, “para lograr que las pensiones sean asequibles y sostenibles para el gobierno”.
“Los jubilados en Puerto Rico no tienen la culpa de la situación en la que se encuentran el Gobierno y los sistemas de retiro. Los jubilados son víctimas de la conducta irresponsable de gobiernos anteriores. La reforma de pensiones de la Junta de Supervisión está diseñada para corregir estos errores, logrando que las pensiones sean asequibles y sostenibles para el Gobierno, mientras se cumple con la ley PROMESA”, agregaron.
Además, la Junta explicó que bajo el proceso de Título III de PROMESA, los pensionados se consideran acreedores no asegurados, cuyo trato bajo el plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. “PROMESA provee para que solamente la Junta de Supervisión pueda proponer cuánto recibirán los pensionados; no el Gobernador. Pero todo lo que proponga la Junta tendrá que ser aprobado por un tribunal”, expusieron.
Finalmente, manifestaron que “la Junta de Supervisión hará todo lo que esté en sus manos para asegurarles a los retirados la mayor cantidad posible de sus pensiones. No obstante, legalmente la Junta de Supervisión está consciente de que el tribunal no permitirá que las pensiones se paguen en su totalidad, cuando los bonistas reciben mucho menos de lo que se les debe”.
