La renegociación del contrato de arrendamiento del Centro Judicial de Caguas sigue en compás de espera. Y es que, desde febrero de 2017, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, aseguró que se renegociaría el contrato de arrendamiento de estas instalaciones, que asciende a unos $1.4 millones mensuales.
Sin embargo, aunque la funcionaria reconoció que buscan un costo que le beneficie a la Rama Judicial y al país, todavía no han alcanzado un acuerdo con la empresa Ramhil Developers.
“En el de Caguas específicamente, en efecto se han hecho intentos durante los últimos años para negociar, pero hay un contrato escrito entre las partes y no ha sido la oportunidad como fue en el caso de Familia (en Bayamón), que teníamos una ventana de renegociación específica”, explicó la jueza a Metro luego de una actividad en Canóvanas y tras varios días de petición de información y datos a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT). En el contrato de la Sala de Menores de Bayamón, de acuerdo con declaraciones escritas de la Oficina de prensa de la OAT, se redujo el costo del alquiler de $5,754,530 a $3,327,336 anuales. Una solicitud por parte de Metro sobre otras renegociaciones de arrendamientos no prosperó.
“Los intentos se han hecho; las comunicaciones continúan, las conversaciones continúan y, obviamente, ahora, a la luz del informe de la contralora, se están retomando esos esfuerzos”, señaló la togada.
Incluso, Oronoz discrepó del informe y los hallazgos de la contralora, Yesmín Valdivieso, el cual puntualizó que la OAT “paga desde el 2013, $5.4 millones anuales en exceso por la renta del estacionamiento del Centro Judicial de Caguas”. Según el informe, el contrato —firmado en 2011 entre OAT y Ramhil Developers— debió haber fijado un canon de arrendamiento por espacio de estacionamientos y no por pie cuadrado, como es uso y costumbre en el mercado de bienes raíces.
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Este contrato data de la época de la presidencia de Federico Hernández Denton, cuando la jueza Sonia Ivette Vélez era la administradora de la OAT.
“Estamos convencidos de que la manera en que se analizó ese contrato (por parte de la Oficina de la Contralora) está equivocada. No es un arrendamiento de un espacio particular, es un financiamiento y un arrendamiento de toda una estructura, de un edificio completo. Por eso es que no se puede medir únicamente en el espacio físico en donde va el vehículo, porque eso no es real. Ese no es el contrato que existe entre las partes”, apuntó Oronoz.
El informe de Valdivieso también detalló que la construcción del Centro Judicial de Caguas “aumentó los gastos de la Región Judicial de $747,399 a $17.6 millones anuales. El pago de la renta por los próximos 30 años del contrato será de aproximadamente $582.9 millones en total”. Una vez culminen los 30 años, la estructura será transferida a la Rama Judicial por un valor nominal de un dólar.
Por su parte, Valdivieso comentó ayer en entrevista radial en WKAQ que, a pesar de que no lo incluyó en el informe, “la realidad es que el contratista está recobrando la inversión que hizo en menos de diez años”. Esto contrasta con una auditoría independiente que realizó la propia compañía Ramhil Developers —en poder de Metro— la cual tildó de “incierto” el impacto que podría tener para las finanzas de la compañía que las cuantías de los contratos con OAT se reduzcan debido a la crisis fiscal que enfrenta el país. El documento con fecha de mayo de 2018 expone, además, que todos los ingresos de la empresa provienen del arrendamiento que mantienen con la Rama Judicial. Fuentes compartieron con Metro imágenes que no dejan lugar a dudas de lo lucrativo que ha sido el negocio para los dueños de la empresa.
Al preguntársele sobre qué le ha indicado la empresa sobre el proceso de negociación, la jueza presidenta refirió la pregunta al director administrativo de OAT, el juez Sigfrido Steidel. No obstante, la oficina de prensa precisó que las expresiones de Oronoz constituyen la postura oficial de la Rama Judicial.
Al resultar en un contrato oneroso para las finanzas del país, el informe de la contralora recomendó a la jueza presidenta y al director administrativo de OAT a renegociar el canon de arrendamiento “a base de los métodos y precios del mercado”.
El estudio de Valdivieso agregó que “el pago de la renta por los próximos 30 años del contrato será de aproximadamente $582.9 millones en total. Además, al 31 de enero de 2018, no habían utilizado la cafetería ni el gimnasio, ni 473 estacionamientos para empleados”.