El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró el jueves, en que la Junta de Control Fiscal (JCF), no debe “meterse” en los asuntos del gobierno de Puerto Rico.
“Lo que debe ocurrir es que en los 90 días que termina, de los que deben de haber pasado como 70, pues se congelan. Hay una extensión hasta que se vea esa revisión, hasta que se lleve ese caso al Supremo, lo que para mi es importante es que la Junta no trate de meterse en el trabajo del gobierno de Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.
“Nosotros vamos a batallar sea cual sea la decisión. No voy a permitir la insistencia de meterse en los asuntos de Puerto Rico”, añadió.
El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, anunció que solicitará al Tribunal Supremo de Estados Unidos una revisión a la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito (el pasado 15 de febrero de 2019), que determinó que los miembros de la Junta tienen que ser nombrados en conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.
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La Junta también solicitará una suspensión a la orden del Primer Circuito mientras el Tribunal Supremo considera la petición de recurso de certiorari de la Junta.
“A la Junta se le ha provisto con la responsabilidad de ayudar a Puerto Rico a alcanzar responsabilidad fiscal y poder acceder a los mercados de capital. La Ley PROMESA creó a la Junta de Control Fiscal como una entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico y no del Gobierno Federal. Por lo tanto, la Cláusula de Nombramiento no aplica a los miembros de la Junta. La mayoría de los miembros de la Junta votó a favor de la apelación. El proceso de nombramiento de PROMESA estableció una junta bipartita, asegurando decisiones balanceadas para ayudar a que Puerto Rico se pueda recuperar y prosperar. La Junta de Supervisión continúa su trabajo, velando por los mejores intereses de Puerto Rico”, expresó Carrión, tercero en comunicación escrita.