El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi intensificará la fiscalización de las agencias en la ejecución e implementación de leyes y órdenes ejecutivas que cobijan a la comunidad sorda.
Rosselló Nevares ha firmado varias leyes y órdenes ejecutivas que tienen el propósito de atender las necesidades que día a día enfrentan, “La inclusión es la implementación de política pública que beneficie a todos por igual. Es por esto que tenemos la obligación y la responsabilidad de garantizar los derechos de la comunidad sorda sin dilataciones. Lo hemos dicho anteriormente y reitero, este es el año de la ejecución. Ya hemos aprobado política pública sin precedentes, ahora corresponde garantizar el cumplimiento con los derechos de esta comunidad”, enfatizó el primer ejecutivo.
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La Ley 56-2018 dispone la inclusión de cursos de lenguaje de señas en el currículo del Departamento de Educación. Por su parte, la “Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con Impedimento Auditivo en Puerto Rico”, garantiza el acceso oportuno a la educación, mediante el acceso a servicios educativos que favorezcan mejor su condición y desarrollo con el apoyo profesional y ayuda técnica requerida. Además, promueve la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas de las personas con impedimentos auditivos.
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Para garantizar el acceso a la justicia, el gobernador firmó la Ley 174-2018 que obliga a tener intérpretes de señas o un acomodo razonable en cualquier proceso judicial o administrativo, con el fin de que las personas sordas o con condiciones que le impiden comunicarse efectivamente, puedan entender los procesos adversativos que se lleven en su contra.
La “Ley de Igualdad de Acceso a Información para los Sordos en las Campañas Publicitarias del Gobierno” (Ley 266-2018) establece que toda publicidad visual que contenga sonido por parte de las tres Ramas de Gobierno utilice un intérprete de señas para comunicar el mensaje efectivamente a la comunidad sorda.
Actualmente, también está en vigor la Ley 136, que dispone que toda agencia gubernamental provea un intérprete de señas que asista a las personas con impedimentos auditivos. A estos fines, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) ofrecerá cursos de lenguaje de señas próximamente.
