Aprueban proyecto para la venta de activos de la AEE

Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Representantes

Por Ronald Ávila Claudio y Lyanne Meléndez García

Con 22 votos a favor y cinco en contra, el Senado de Puerto Rico aprobó tarde en la noche de ayer el Proyecto 1121, el cual delinea cómo se venderán o concederán los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), como se dispuso en la Ley 120 firmada por el gobernador Ricardo Rosselló para la transformación del Sistema Eléctrico.

Trabajado de forma bipartita por los legisladores Larry Seilhamer y Eduardo Bhatia, se presentó en octubre la pieza que dispuso que, para 2050, Puerto Rico produzca toda su energía de fuentes renovables.

En la presentación de la medida, Seilhamer sostuvo que el propósito del proyecto es lograr “la mas rápida y efectiva reconstrucción y remodernización de la red eléctrica para que tengamos un sistema robusto, accesible, resiliente, confiable, asequible y ecoamigable”. Indicó que buscarán hacer un rediseño de los sistemas de transmisión y distribución. Además, el proyecto “establece las guías para cuando tengamos el dinero del Gobierno federal se puedan seguir”.

Se elimina la quema de desperdicios sólidos como fuente de energía renovable alterna. “Si se quiere incorporar una nueva fuente de energía renovable, tiene que ser por la Asamblea Legislativa”, expresó el senador PNP.

Para la transmisión y la distribución de energía, se crea una concesión de entre 30 y 40 años. “Ese concesionario no puede ser proveedor de energía, ni directa ni indirectamente, y para en o antes del 31 de diciembre de 2019, entendemos que ya se ha completado la adjudicación para la concesión de la transmisión y la distribución de la red de energía”, detalló Seilhamer.

“Se pone fin al monopolio para darle paso a la competencia de generación de energía”, dijo, palabras que fueron apoyadas por el senador de minoría, Eduardo Bhatia.

  Asimismo, prohíbe los impuestos a la energía solar, eólica e hidráulica. Se promueve el desarrollo de comunidades solares, microrredes comunitarias, regionales o municipales.

Seilhamer informó que los empleados van a conservar los derechos a los cuales estuvieron acogidos antes de la aprobación de la ley. Igualmente, se introduce otra enmienda para que ningún empleado pierda su empleo y, del producto de la venta, se alleguen fondos para ofrecer una ventana de retiro a los empleados.

La medida modifica la Junta de Gobierno para que sea seleccionada por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, la Universidad de Puerto Rico, un representante de los clientes y uno designado por el gobernador.

Las metas, sin embargo, serían cumplidas de forma escalonada: 20 % para 2025 y 50 % para 2040. Seilhamer, quien también preside la Comisión Especial de Energía, reiteró ayer que su proyecto le daría independencia presupuestaria al Negociado de Energía y que prohibiría la quema de carbón para 2027.

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Por su parte, Bhatia, aceptando que el proyecto no era perfecto, lo defendió asegurando que con esto buscan que las personas se conviertan, además de consumidores, en productores de energía. 

Otro en defender la pieza legislativa fue el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, quien aseguró que el texto del documento es final y espera que sea aceptado por la Cámara de Representantes.

Los senadores que se opusieron a la medida fueron Cirilo Tirado, José Luis Dalmau, Rossana López, Juan Dalmau y José Vargas Vidot. Mientras que Migdalia Padilla se abstuvo del proceso.

Mientras, a las afueras del Capitolio se reportó una protesta de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), para solicitar protecciones a su convenio colectivo.

Jaresko reacciona a cambios en reforma contributiva

Por: Miladys Soto

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, aseguró que los cambios al proyecto de ley de la reforma contributiva generan preocupación sobre la habilidad del Gobierno para generar ingresos antes de implementar las reducciones de tasas.

“Muchas de nuestras preocupaciones vienen de la tardanza en implementación y de los cambios al proyecto de ley, los cuales reducen nuestra confianza en la habilidad del Gobierno de Puerto Rico para lograr los ingresos antes de poder costear los créditos contributivos y las reducciones en tasas”, expuso la directora ejecutiva en una comunicación escrita.

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