La reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico debería alcanzar una reducción de entre el 45 % y el 90 % del valor principal, además de una cancelación total de los intereses y sus pagos. Eso concluyó el análisis de alivio de deuda que necesita la isla para restaurar su sostenibilidad (Debt Sustainability Analysis – DSA), realizado por el economista Martín Guzmán, investigador en la Escuela de Negocios de Columbia University.
Pero esa conclusión, advirtió Guzmán, corresponde al plan fiscal aprobado en marzo de 2017. Con el paso del huracán María y su impacto sobre Puerto Rico, la reducción del valor principal de la deuda —que supera los $70,000 mil millones— debe ser mayor, junto con la cancelación de la totalidad de los intereses. Pero, además, en la revisión del plan fiscal que el gobernador Ricardo Rosselló entregará a la Junta de Control Fiscal (JCF) el 24 de enero, debe estar cancelado cualquier pago de la deuda a los bonistas –incluyendo los bonistas locales–, al menos durante los próximos cinco años para el nuevo plan, término que propone el también profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires, contrario a los 10 años que contempla el plan fiscal actual.
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El estudio de Guzmán también concluye que el plan fiscal aprobado en 2017 está basado en supuestos “irrealistas e inadecuados que llevan a una subestimación de las consecuencias negativas que su implementación hubiese tenido para la sociedad puertorriqueña”, afirmó el profesor.
“El plan fiscal aprobado en 2017 está basado en supuestos irrealistas e inadecuados que llevan a una subestimación de las consecuencias negativas que su implementación hubiese tenido para la sociedad puertorriqueña”, afirmó el investigador.
De modo que, la revisión que se realiza actualmente al plan es una oportunidad para la JCF y el Gobierno de Puerto Rico de aprobar un documento viable para la economía de la isla y sus residentes. Si el nuevo plan siguiera la misma línea de supuestos que el anterior, “puede estar basado en supuestos que no son sensatos y estaría subestimando las consecuencias negativas para la reforma económica y social del territorio”, apuntó Guzmán, ante preguntas de Metro.
Bajo el plan fiscal actual, y respetando los supuestos en los que se basa, el territorio tendría que mantener de forma permanente superávits fiscales primarios de, aproximadamente, entre el 3.5 % y el 7.4 % del PNB a partir de 2027, para poder cumplir con los compromisos de pago de deuda en su totalidad. “Esa meta es económica y políticamente inviable. Como resultado, el estado de deuda de Puerto Rico es insostenible”, apunta el estudio.
Sobre ese particular, el director de políticas del Centro para una Nueva Economía, Sergio M. Marxuach, afirmó que “eso significa un estrés gigantesco para la economía”. Ni siquiera el Plan Fiscal actual considera cifras de superávits tan altas. En el documento que se diseñó para los próximos 10 años, se proponen superávits que no sobrepasan el 1.7%, una cifra irreal cuando se estudian los números de la deuda.
Para llegar a esos niveles de superávits, explicó Guzmán como un ejemplo, “tendrían que refinanciar la Universidad (UPR), tienes que refinanciar aquello que significa la capacidad de producir”.
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“Ahorrar en conocimiento lo que enriquece es en ignorancia, en menos capacidad para generar recursos”, al tiempo que crecería una “sociedad menos vibrante, menos educada”.
En el análisis también se argumenta que la reestructuración de la deuda es solo una condición necesaria para la recuperación, pero no es suficiente.
“Puerto Rico necesita más que simplemente restaurar la sostenibilidad de su deuda”, recalcó Guzmán. “Necesita también una nueva estrategia de crecimiento, un tema sobre el que la Comisión de Crecimiento del CNE está trabajando profundamente. Sin embargo, si la deuda no se reestructura de forma apropiada, no habrá ninguna nueva estrategia de crecimiento que pueda ser implementada”.
El estudio fue comisionado por la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos, en acuerdo, además, con el Centro para una Nueva Economía de Puerto Rico. El documento está disponible en el portal web de la organización para beneficio de la ciudadanía y, además, fue enviado a la JCF y al Gobierno de Puerto Rico. El informe acompañará un recurso de amigo de la corte (Amicus Curiae) que la organización presentará durante las próximas semanas a la juez Taylor Swain en el caso de Título III. Un grupo de 26 alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico formará parte del recurso que se presentará ante el Tribunal federal.
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