La comisionada residente, Jenniffer González Colón, agradeció a los congresistas republicanos Sean Duffy y Carlos Curbelo su exhortación para que los electores en Puerto Rico participen este próximo domingo en la consulta de estatus, que al momento no cuenta con el aval oficial del gobierno federal de Estados Unidos.
“Para que el pueblo de Puerto Rico pueda continuar superando sus retos actuales, es crítico que hagan oír su voz sobre el futuro de Puerto Rico. Es por eso que exhorto a todos los electores en la Isla a salir a votar en el plebiscito del 11 de junio”, indicó el congresista por el Distrito 7 de Wisconsin, Sean Duffy.
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Por su parte, Carlos Curbelo, congresista por el Distrito 26 de Florida emitió un comunicado de prensa donde expresó que “los procesos electorales son piedra angular de nuestra democracia y la participación del votante nos da la oportunidad como individuos de sostener los valores de la libertad y el derecho. Al acercarse la oportunidad para que nuestros conciudadanos en Puerto Rico voten sobre el asunto fundamental de su estatus político futuro, exhorto a todos los ciudadanos a participar en este plebiscito el 11 de junio, para que sus voces sean escuchadas”.
“Los congresistas Duffy y Curbelo son amigos de Puerto Rico y comprenden la transcendencia de la consulta para lograr la descolonización de Puerto Rico. Agradezco a ambos su exhortación para que todos los puertorriqueños defiendan con su voto los pilares de la democracia y participen este domingo de la consulta”, expresó González Colón.
El gobierno de Puerto Rico no ha recibido aún una carta del Departamento de Justicia federal, certificando el diseño enmendado de la papeleta del plebiscito y las definiciones incluidas, así como la campaña educativo que está siendo utilizada con referencia a la consulta de estatus del 11 de junio, luego del revés judicial a mediados de abril.
Dicha determinación sobre si el plebiscito cumple con las normas constitucionales y de política pública del gobierno federal es necesaria para que el gobierno de Puerto Rico reciba –de acuerdo a una ley federal de 2014– unos $2.5 millones en fondos federales que ayudarían a mitigar los costos de la consulta.
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