Gobierno insiste desde Washington en validez del plebiscito

No obstante, el Departamento de Justicias federal no ha certificado aún el nuevo diseño de las papeletas y las definiciones

Por David Cordero

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, afirmó hoy que el plebiscito de estatus del 11 de junio “es un proceso válido” y que cuenta con el aval del gobierno federal de Estados Unidos.

Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico no ha recibido aún una carta del Departamento de Justicia federal, certificando el diseño enmendado de la papeleta del plebiscito y las definiciones incluidas, luego del revés judicial a mediados de abril. Tampoco hay ninguna reunión en agenda con Justicia para discutir las enmiendas, según informó el gobernador tras preguntas de la prensa.

El mandatario habló en conferencia de prensa desde un salón de la Cámara de Representantes federal en Washington D. C., junto a la comisionada residente Jennifer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“El enfoque era poder cumplir con un plebiscito que tuviese los comentarios y la aprobación del gobierno federal”, dijo el gobernador, añadiendo que el plebiscito cuenta con dicha aprobación a través del Departamento de Justicia.

Para Shatz es un asunto de “sentido común”. “Si se adopta exactamente lo sugerido, se sobreentiende que estamos en perfecto cumplimiento”, apuntó el presidente del Senado, en referencia a los señalamientos que hizo Justicia federal al diseño y las definiciones del plebiscito, que en principio sólo incluía las opciones de “independencia/libre asociación” y “estadidad”.

Justicia federal no ha emitido aún una nueva carta certificando el diseño de las papeletas y la campaña educativo que está siendo utilizado con referencia a la consulta de estatus del 11 de junio. Dicha determinación sobre si el plebiscito cumple con las normas constitucionales y de política pública del gobierno federal es necesaria para que el gobierno de Puerto Rico reciba –de acuerdo a una ley federal de 2014– unos $2.5 millones en fondos federales que ayudarían a mitigar los costos de la consulta.

En esa misma línea, González hizo énfasis en que el Gobierno de Puerto Rico adelantó los procesos en cuatro días, los señalamientos de Justicia fueron atendidos y se enmendó la “Ley para la Descolonización inmediata de Puerto Rico” que da paso al plebiscito del 11 de junio. “La información fue aceptada, enmendada y enviada nuevamente”, apuntó la comisionada.

“Por primera vamos a tener un plebiscito con las definiciones provistas por el gobierno federal”, aseguró González.

En la carta enviada al gobierno de Puerto Rico el 13 de abril, Justicia federal concluyó que el el diseño del plebiscito programado para el próximo 11 de junio excluye de manera injustificada el estatus actual de la Isla como una opción en la papeleta y que da a entender que los puertorriqueños “definitivamente rechazaron” el estatus actual en el plebiscito 2012, conclusión que Justicia federal no validó.

“El Departamento no cree que los resultados del plebiscito del 2012 justifican omitir en la papeleta el estatus actual como una opción”, puntualizó Justicia federal en la carta.

En la carta, además, Justicia federal apuntó que afirmar que la estadidad es “la única opción que garantiza la ciudadanía estadounidense de nacimiento en Puerto Rico” es erróneo y que bajo el estatus actual los puertorriqueños tienen un “derecho estatutario incondicional” a la ciudadanía de Estados Unidos.

Justicia federal no expresó en la carta un contenido específico de las definiciones, aunque hizo referencias de fuentes y palabras o frases específicas que debían y que no debían incluirse en dichas definiciones.

El Senado de Puerto Rico enmendó la Ley y se añadió el estatus actual de Puerto Rico bajo la opción de “actual estatus territorial”, al tiempo que se realizaron varias enmiendas a las definiciones de “estadidad”, “independencia” y “libre asociación”.

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