En una carta dirigida hoy al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el Departamento de Justicia federal concluyó que el el diseño del plebiscito programado para el próximo 11 de junio excluye de manera injustificada el Estado Libre Asociado como una opción en la papeleta y que da a entender que los puertorriqueños “definitivamente rechazaron” el estatus actual en el plebiscito 2012, conclusión que Justicia federal no validó.
“El Departamento no cree que los resultados del plebiscito del 2012 justifican omitir en la papeleta el estatus actual como una opción”, puntualizó Justicia federal en la carta.
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En la carta, además, Justicia federal apuntó que afirmar que la estadidad es “la unica opción que garantiza la ciudadanía estadounidense de nacimiento en Puerto Rico” es erróneo y que bajo el estatus actual los puertorriqueños tienen un “derecho estatutario incondicional” a la ciudadanía de Estados Unidos.
“La descripción de la votación de la opción por la estadidad contiene la siguiente declaración: ‘Soy consciente de que la estadidad es la única opción que garantiza la ciudadanía estadounidense de nacimiento en Puerto Rico’. Esta declaración es inexacta cuando se considera en el contexto de todas las opciones disponibles de estatus, como bajo la ley actual, donde los puertorriqueños tienen un derecho estatutario incondicional a la ciudadanía de derecho de nacimiento. Por lo tanto, la sentencia es potencialmente engañosa y refuerza la omisión de la votación de una opción para retener el estado territorial actual de Puerto Rico”, afirmó el Departamento en la misiva.
En un inesperado revés, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió hoy al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que se realizaran cambios a la “Ley para la Descolonización inmediata de Puerto Rico” que da paso al plebiscito del 11 de junio, y que se incluyera en dicha consulta el actual estatus político de la Isla, entiéndase el Estado Libre Asociado.
Rosselló publicó en su cuenta de Twitter que “resulta inaceptable incluir a la colonia en un proceso para descolonizar a PR”.
Bajo la propuesta de la administración de Rosselló, en el plebiscito del 11 de junio los ciudadanos elegirían entre la estadidad y la independencia/libre asociación, aunque estas opciones no parecen satisfacer a Justicia federal.
En el presupuesto federal, desde la administración del presidente Barack Obama, hay una asignación de $2.5 millones para el plebiscito de Puerto Rico, pero para que esos fondos se otorguen al gobierno de la Isla, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, tiene que pasar juicio sobre la constitucionalidad de las opciones puestas en la papeleta.
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Si el secretario federal determina que no cumple con los requisitos constitucionales, el gobierno estadounidense no otorgaría los fondos para el plebiscito.
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