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Alcalde de Villalba y otros supuestos coautores de delito serán investigados por FEI

La investigación también incluye violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

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El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, junto a otros funcionarios de ese municipio, serán investigados por un Fiscal Especial Independiente (FEI), por supuestas actuaciones que podrían ser constitutivas de diversos delitos, además, se dispuso referir este asunto a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD)se informó el jueves.

Según informó el Panel sobre el FBI, su oficina recibió un informe de investigación preliminar del Departamento de Justicia que indica que Hernández Ortiz, supuestamente recibió donativos para beneficio de su campaña política de parte de un contratista del municipio de Villalba y, asimismo, se aduce un esquema de “pay for play”.

Precisa el Panel, que nombró a la licenciada Leticia Pabón, como Fiscal Especial Independiente para que realice la investigación a fondo que dispone la Ley Número 2-1988, dentro del plazo de 90 días.

Agrega el Panel que la investigación preliminar de Justicia señala específicamente una alegada infracción al Artículo 264 del Código Penal de 2012; violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, entre ellas, al Artículo 4.2, incisos b, c y n. Se le atribuyen, además, varias infracciones a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de le Campañas Políticas en Puerto Rico y a la Ley de Municipios Autónomos.

De otra parte, la mencionada investigación preliminar incluye posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental atribuidas a Marena Navarro, empleada municipal. Dicha funcionaria se desempeñaba, simultáneamente, como secretaria municipal, presidenta de la Junta de Subastas del Municipio, y directora de Campaña del alcalde de Villalba.

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Igualmente, se le atribuye a Jorge Ortiz Blanco, tesorero del Comité Municipal de Villalba del PPD y del Comité de Campaña del alcalde Hernández Ortiz, infracciones de ley relacionadas con los informes sometidos a la Oficina del Contralor Electoral.

Finalmente, se alega que el contratista Luis Santiago Alvarado, pudo haber infringido la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico.

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