La Ley 47 de 2021, conocida como Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, ha sido identificada por economistas —a mi juicio, correctamente— como la legislación laboral más importante en las pasadas décadas. Esto, porque es una medida dirigida a mejorar las condiciones laborales y condiciones de vida de las familias y personas que viven en Puerto Rico.
Según la Ley 47 de 2021, es la política pública del gobierno “adecuar el salario mínimo al costo de vida de los trabajadores y las trabajadoras, amparándose en el principio de que ningún trabajador o trabajadora esté bajo el nivel de pobreza, que todo(a) trabajador(a) cuente con suficiente ingreso como para cubrir sus necesidades básicas, y asegurar el progreso y mejoramiento de los niveles de vida. El salario mínimo estatal deberá ser revisado periódicamente y ajustado al aumento en el costo de vida de los(as) trabajadores(as) asegurando el progreso y mejoramiento de los niveles de vida”.
Es inconcebible que un legislador del Partido Nuevo Progresista haya presentado el Proyecto de la Cámara 1115 para eliminar esta política pública, que busca mejorar la calidad y niveles de vida de las familias que viven en Puerto Rico. Debemos reflexionar e identificar quiénes se oponen a sacar a las personas de los niveles de pobreza; reflexionemos sobre ¿quiénes se oponen a asegurar que las familias trabajadoras cuenten con un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas? Cuestionemos: ¿quiénes se oponen a que el salario mínimo permita que los trabajadores/as salgan de los niveles de pobreza?
Ninguno de los pronósticos que hacían asociaciones empresariales de colapso económico por motivo de la aprobación de la Ley 47 de 2021 se cumplieron. Por el contrario, la producción ha crecido de manera ininterrumpida, la tasa de participación laboral es la mayor en más de 15 años, el empleo el empleo aumentó, el pluriempleo se redujo y la tasa de desempleo es la más baja en la historia. No se debe aprobar el Proyecto de la Cámara 1115.
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