En ingeniería, existe un principio fundamental que cada objeto creado, ya sea tuberías o cables eléctricos, tiene una capacidad de carga y un propósito específico. Si se intenta forzar el doble del caudal por una tubería o el doble de amperaje por un cable específico sin reforzar los protocolos de seguridad y sin usar los materiales correctos, el sistema eventualmente fallará por su punto más débil. Esta lógica, que la gran mayoría de las personas ya tiene, parece no estar presente en el Proyecto de la Cámara 1176, que busca obligar a las instituciones financieras a aumentar el límite diario de transferencias en plataformas personales (como ATH Móvil ) de $500 a $1,000.
A simple vista, la medida se vende bajo el estandarte de la “eficiencia” y la “conveniencia”, un lenguaje que ya hemos escuchado antes para justificar enmiendas al Código Electoral o a la nati-muerta reforma contributiva, que terminan debilitando los controles. Sin embargo, lo que tenemos de frente no es un proyecto pensado, analizado y consultado, sino otro parche legislativo que ignora las especificaciones técnicas del sistema financiero y fomenta la informalidad, abriendo la puerta al fraude.
Como mencioné en mi columna anterior sobre la logística del estancamiento, el problema de Puerto Rico no es la falta de herramientas, sino el mal diseño de sus procesos. Ya existe una infraestructura diseñada específicamente para el comercio: ATH Móvil Business. Esta herramienta comercial cuenta con los filtros necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades fiduciarias, el reporte de ingresos y la transparencia contributiva. Sin embargo, al querer elevar el límite del canal personal a $1,000, la Legislatura está diseñando, por ley, un bypass. Están incentivando que el flujo comercial se escape por el canal personal para evitar el pago de patentes y el Impuesto sobre Ventas y Uso. Esto no es eficiencia; es diseñar, en el sistema, una fuga que debilita la presión de los recaudos, similar a como el Proyecto 615 intentó usar tecnicismos en los “canales de voz” para parchar la insolvencia municipal. Esto es premiar al que opera fuera del diseño correcto a expensas del comerciante que cumple.
Todo sistema tiene una “fricción” necesaria: los protocolos de seguridad. Duplicar el límite de transferencia de un plumazo es ignorar la fatiga en nuestros protocolos de ciberseguridad. Como mencioné sobre la gestión de LUMA, cambiar las reglas sin transformar la estructura es como cambiar al chofer de un camión que no tiene motor.
Forzar la maquinaria financiera a correr a una velocidad para la cual sus cajas de bolas (bearings) de detección de fraude no fueron calibrados, provocará un aumento en las estafas. El Estado no debe inmiscuirse y microgestionar procesos técnicos de empresas privadas; eso es parte del vicio del “gobierno papá” que prefiere el media show de un supuesto “alivio” inmediato sobre la estabilidad del sistema a largo plazo.
La verdadera reingeniería que defendemos en el Plan de Proyecto Dignidad no se basa en premios de consolación ni en flexibilizaciones peligrosas. Se basa en reducir la carga contributiva real para que el ciudadano no sienta la necesidad de usar un bypass para sobrevivir. Si queremos que los negocios se formalicen y se fortalezca la economía saludable, diseñemos un sistema con menos burocracia y más integridad, en lugar de autorizar legalmente la evasión.
No podemos seguir tolerando medidas que erosionan la capacidad operativa de nuestras instituciones. Puerto Rico no necesita más parches legislativos que faciliten el caos; necesita una brújula fría centrada en la ejecución y la transparencia. Es hora de que la ingeniería de la eficiencia venza a la retórica y de que dejemos de diseñar el país para fallar. Construir sobre la roca de la responsabilidad es la única forma de evitar que la casa común de nuestra economía se caiga por una mala ingeniería legislativa.
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