Cada cierto tiempo, la Universidad de Puerto Rico (UPR) vuelve a ocupar titulares, no por sus logros académicos, investigaciones o aportaciones al país, sino por conflictos internos que desembocan en huelgas, paros y una paralización casi total de su operación. Es un patrón que se repite con preocupante regularidad y que, lejos de fortalecer la institución, la debilita en un momento histórico en el que su supervivencia misma exige adaptación, agilidad y visión de futuro.
Es importante comenzar por una premisa básica que, a menudo, se pierde en medio del fervor: los derechos de unos terminan donde comienzan los derechos de otros. La protesta es un derecho legítimo en cualquier sociedad democrática. Sin embargo, cuando ese ejercicio conlleva impedir que miles de estudiantes continúen su educación de forma ininterrumpida, se cruza una línea peligrosa. No se trata de un asunto abstracto; se trata de jóvenes que ven interrumpidos sus planes académicos, de familias que han hecho sacrificios económicos y de un país que depende de la formación de su capital humano. Paralizar la universidad para adelantar reclamos particulares no es un acto neutro: es una decisión que impone el interés de unos pocos sobre el derecho de muchos.
A esto se suma una realidad institucional que tampoco puede ignorarse. La operación y las finanzas de la UPR recaen en su Junta de Gobierno. Esa estructura no es casualidad; responde a la necesidad de que exista un ente responsable de tomar decisiones complejas, muchas veces impopulares, pero necesarias para la viabilidad de la institución. El estudiantado y el profesorado tienen, sin duda, un rol fundamental: cuestionar, proponer, colaborar, fiscalizar. Pero participar no es lo mismo que gobernar. Pretender sustituir el criterio de quienes tienen la responsabilidad fiduciaria y administrativa por presión o paralización erosiona el funcionamiento mismo de la universidad.
Ese funcionamiento, además, está bajo una presión creciente. Durante décadas, la UPR ha enfrentado una reducción sostenida en su matrícula. Menos estudiantes implica menos ingresos, y eso ocurre en paralelo con un gobierno que, tras la quiebra declarada en el pasado, opera con recursos limitados. Este no es un debate ideológico; es una ecuación matemática. Ante ese escenario, medidas como la consolidación de recintos o la reorganización de programas académicos no solo deben considerarse, sino implementarse con sentido de urgencia. No hacerlo por temor al conflicto o a la reacción inmediata es, en efecto, condenar a la institución a un deterioro progresivo.
El mundo universitario tampoco es el mismo de hace 20 o 30 años. Hoy, los estudiantes tienen opciones. Pueden estudiar en universidades en Estados Unidos, en Latinoamérica o en Europa, muchas veces con acceso a programas innovadores, modalidades híbridas o completamente en línea, y currículos diseñados para responder a industrias emergentes. En ese contexto, la UPR compite en un mercado global. No basta con su historia ni con su prestigio acumulado; necesita moverse con rapidez, actualizar sus ofrecimientos, y proyectarse como una institución dinámica y relevante.
Cada huelga, cada semestre perdido, cada imagen de portones cerrados envía un mensaje equivocado: que la universidad es inestable, que su operación es incierta, que estudiar allí implica un riesgo. Ese es el tipo de percepción que ahuyenta precisamente a los estudiantes más talentosos que la UPR necesita atraer.
Esto no significa que las inquietudes del estudiantado carezcan de mérito. Muchas veces, responden a preocupaciones legítimas sobre acceso, calidad educativa o condiciones institucionales. Pero la forma en que se canalizan esas preocupaciones es crucial. Existen mecanismos alternos: foros institucionales, participación en cuerpos representativos, presión pública organizada, propuestas concretas y bien articuladas. Ninguno de estos caminos implica paralizar el sistema ni sacrificar el derecho de terceros.
Al final del día, el mayor aliado del estudiantado no es una universidad detenida, sino una universidad fuerte, ágil y sostenible. La disyuntiva es clara: o la UPR evoluciona para competir en el siglo 21, o corre el riesgo de convertirse en una institución anclada al pasado, incapaz de responder a las exigencias del presente.
Puerto Rico no puede darse ese lujo. Y la Universidad de Puerto Rico, menos aún.
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