La Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico avaló el Proyecto de Ordenanza 24 de la Legislatura Municipal de San Juan, que busca regular los alquileres a corto plazo como Airbnb.
En una vista pública sobre el proyecto, la organización ofreció recomendaciones para enmendar el proyecto y regular más este tipo de negocio. “Una verificación reciente nos indica que en el Municipio Autónomo de San Juan ya existen sobre 2,500 de estos alojamientos alternativos, lo cual refleja un crecimiento de un 38% en los pasados seis meses. Muchos de estos alojamientos son administrados por anfitriones profesionales o ‘Mega Anfitriones’ y operan como hoteles ilegales”, expuso Tomás Ramírez, vicepresidente de la organización.
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El portavoz de la Asociación de Dueños de Paradores y Turismo propuso establecer la definición de “plataformas digitales” y de “hotel ilegal”. Además, la organización recomendó una multa de $10,000 diarios para quienes operen un hotel ilegal.
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De igual forma, los dueños de paradores recomendaron a la Legislatura Municipal de San Juan que se limite a seis unidades el máximo de propiedades que un anfitrión pueda tener como alquiler de corto plazo. Asimismo, opinaron que se deben cobrar $250 de licencia por cada unidad que se posea.
Ramírez también manifestó que se pueden “subir las penalidades a $1,000 por la primera violación, $5,500 por la segunda violación y $10,000 por la tercera violación e incumplimiento”.
Constructores a favor de que regule el gobierno central
Por otro lado, la Asociación de Constructores de Puerto Rico expuso en la vista pública que el proyecto municipal está predicado en premisas falsas.
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“Entendemos que es importante que el Estado reglamente y ponga controles a esta modalidad de arrendamiento, aunque sea de una forma distinta a lo que está propuesto en este proyecto”, comentó Emilio Colón Zavala, presidente de la organización.
Además, la Asociación de Constructores recalcó que “de la actividad de consumo que generan estos alquileres se paga IVU en las distintas transacciones que se generan. Por otro lado, aquellas empresas que generan ingresos por este concepto, pagan patentes municipales”.
La entidad que agrupa a los constructores del país también describió como oneroso el mecanismo que propone la Legislatura Municipal de San Juan para los alquieres a corto plazo. “Entendemos que el imponer este tributo del 3% sobre el volumen de alquiler no es otra cosa que aumentar la patente municipal a los dueños de estos negocios, sin que esto sea legal, ya que el tipo máximo permitido por ley es 1/2 0/0”, alegaron.
“Nuestra organización favorece que se reglamente esta actividad adecuadamente, poniendo los controles necesarios para que los vecinos y la comunidad no se vean irrazonablemente perjudicados. Ciertamente, estos alquileres tienen que estar sujetos a las normas de sana convivencia y orden que apliquen a las distintas comunidades o complejos de vivienda. Sin embargo, ello no puede desembocar en la colocación de impuestos y restricciones o prohibiciones que sean tan onerosas y restrictivas que limitan de forma irrazonable el derecho de propiedad privada de los dueños que sean arrendar sus unidades bajo esta modalidad”, puntualizó Colón Zavala.
Por último, el presidente de la Legislatura Municipal, Marco Antonio Rigau, aseguró que la ordenanza que proponen es una “light” en comparación con regulaciones de los alquileres a corto plazo en otras jurisdicciones.
