Ha iniciado en la Cámara de Representantes la discusión para enmendar la Constitución de Puerto Rico y de inmediato han surgido propuestas de cambios a la misma. Se propone, por ejemplo, transformar el mecanismo de nombramientos de jueces utilizando el modelo de la “carrera judicial” donde el mérito sea el principio rector, propuesta que el Partido Independentista Puertorriqueño lleva décadas planteando ante el esquema político de nombramientos bajo gobiernos PPD y PNP.
También han surgido propuestas para limitar términos de funcionarios electos, incluso modificar la forma de elegir las cámaras legislativas y de convertir la Legislatura en una de distritos exclusivamente, obviando el reclamo histórico de la unicameralidad que el país apoyó mediante referéndum y, sobre todo, el concepto de la proporcionalidad que permite una representación más amplia y más justa de todos los sectores de la población.
Tras los eventos del “Verano del 19” propusimos enmiendas constitucionales para una elección especial abierta para elegir un nuevo gobernador cuando ocurra una vacante permanente en el cargo, autorizar el referéndum revocatorio para que el pueblo pueda destituir a un gobernador y disponer para una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos a gobernador con mayor número de votos cuando ninguno hubiese obtenido una mayoría absoluta.
No obstante, el principal reclamo que debemos llevar a cabo es transformar la indigna relación política colonial, obtener los poderes soberanos que provee la independencia para poder redactar y aprobar una verdadera constitución, que sea el contrato social entre el Pueblo el Gobierno y, de esa forma, acabar con el espejismo jurídico y político que constituye la actual constitución, subordinada a leyes federales y a mandatos judiciales de tribunales federales.
La Constitución del ELA está sometida a los poderes de la Junta de Control Fiscal, que ha cancelado los poderes legislativos “constitucionales” imponiendo su presupuesto y vetando leyes aprobadas por Legislatura.
Necesitamos una nueva Constitución que no esté sometida a un gobierno extranjero ni esté subordinada a entes o tribunales impuestos, que sea el resultado del ejercicio constitucional que ejercen los pueblos libres y se garanticen los más amplios y modernos derechos humanos, individuales y sociales.