Uno de los eventos más esperado por la niñez y la juventud puertorriqueña es el inicio de clases en nuestras escuelas. Es momento de regresar al entorno educativo, a la socialización y al aprendizaje. Para muchas familias es ansiedad y preocupación, particularmente con las y los más pequeños, que rompen con el apego y la protección del hogar. Para las maestras y maestros es el regreso al “campo de batalla”, a dar clases con las paupérrimas condiciones laborales que enfrentan año tras año.
Este año, se genera aún mayor incertidumbre, luego de los terremotos de enero 2019, tenemos cientos de escuelas inservibles o con daños severos, escuelas con “columnas cortas“, que los expertos recomiendan reparación y escuelas en la zona sur destruidas. Además, este inicio de clases es luego de más de un año de educación a distancia como consecuencia de la pandemia y en medio de un repunte de contagios y hospitalizaciones. Todo esto, unido a la histórica incompetencia del DE que nunca tiene listas las escuelas, ni los nombramientos de maestros completados.
La Federación de Maestros realizó una encuesta que contiene múltiples señalamientos de problemas de mantenimiento y preparación alrededor de todo Puerto Rico, demostrado con las imágenes en los medios y redes sociales de maestras denunciando las deplorables condiciones de sus escuelas. De igual forma se repite, que las maestras “sacan de su bolsillo” para comprar materiales y acondicionar sus salones, como me lo testimonió la compañera profesora Vázquez de Villalba, mientras el Departamento malgastaba millones de dólares en la compra de filtros para las escuelas.
Son muchos los reclamos que hay que continuar fiscalizando: escuelas seguras, equipo y materiales necesarios, protocolos para la pandemia, salarios y condiciones justas para las docentes, acabar con el clientelismo político en los puestos gerenciales, apertura de escuelas y cumplir con los derechos de los estudiantes del programa de educación especial.
Desde la legislatura junto a María de Lourdes Santiago seguiremos exigiendo justicia para los estudiantes y para la clase magisterial, como promueven nuestros proyectos para aumentar el salario de las maestras y la reducción de estudiantes por salón. Porque “la educación es un derecho, no un privilegio “, continuaremos luchando por una educación pública, accesible, segura y democrática.