Durante estos años como Representante he participado en múltiples Vistas Públicas sobre investigaciones de Agencias Gubernamentales. Son variados los ejemplos, desde compras ilegales de bienes y servicios con fondos públicos, problemas con subastas, ventas de influencias, inacción o negligencia de las Agencias, e incluso, incumplimientos de las Leyes, responsabilidades y deberes ministeriales de funcionarios públicos.
Estas son el tipo de investigaciones que uno quisiera que nunca existieran, pues cada vez que suceden eventos que hacen necesarias esta investigaciones, ocurren en perjuicio de alguna comunidad, del medio ambiente o resultan en pérdidas de fondos públicos, entre otras muchas consecuencias.
PUBLICIDAD
La más reciente investigación es sobre la otorgación de un permiso para la reconstrucción de una piscina en la Playa Los Almendros en el municipio de Rincón. A través del proceso de investigación que se está realizando en la Cámara, se han destapado una vez más diversas irregularidades. Desde funcionarios públicos que son removidos de la evaluación del permiso sin justificación válida posible, algunas de estas por parte de su supervisor directo, quien a su vez tiene claros conflictos de intereses; seguido por comunicaciones o correos electrónicos a funcionarios sin utilizar los mecanismos ordinarios en Ley; expedientes desaparecidos; contratistas ejerciendo funciones que no le corresponden por no ser empleados públicos; hasta incluso, el intento de obstaculizar la investigación de la Cámara mediante la imposición de una mordaza para que funcionarios no testifiquen. A todo esto hay que añadirle, que incluso desde la misma Fortaleza se ha intervenido indebidamente con estos procedimientos, y las patéticas actuaciones de los Secretarios de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Este caso es otro ejemplo más de la necesidad imperativa de legislar para transformar las regulaciones de las costas, la zona marítimo-terrestre y los bienes de dominio público. Tanto en la Cámara como en el Senado, el Partido Independentista presentó legislación para una Nueva Ley de Costas y una moratoria de construcción en la zona costanera. Ambas medidas están a la espera de que la mayoría legislativa les de paso. Además, es necesario acabar con el clientelismo político y la venta de influencias que permea por todo el Gobierno de Puerto Rico.
