La semana pasada representantes del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP), radicaron en la Cámara de Representantes un grupo de medidas legislativas dirigidas a enmendar la Ley de Permisos. Dicha acción ocurrió como consecuencia de un veto del gobernador a un proyecto original que las agrupaba. Pero juntas, o separadas, las mismas constituyen un atentado directo a la planificación urbana y a la función regulatoria indelegable del estado.
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Hablamos de la flexibilización del proceso de evaluación de las distintas agencias para la otorgación de permisos incluyendo proyectos de construcción; del reemplazo de una visión gubernamental de evaluar con rigurosidad cada proyecto por una visión de trámite rápido o fast track; y de la exclusión deliberada de la participación ciudadana, entre algunos ejemplos.
Estas medidas representan la privatización de la planificación urbana y los permisos en Puerto Rico. Son el traslado de funciones del gobierno, como el acto de emitir licencias y certificaciones, a entes privados con intereses particulares alejados de los intereses del medioambiente y el bien común.
El gobierno no puede renunciar a la responsabilidad de analizar concienzudamente los impactos urbanos, los impactos al medioambiente y a los recursos naturales. Menos aún no se pueden establecer amarres de tiempo absurdos para evaluar las diversas propuestas de permisos, limitar una evaluación rigurosa de diversos proyectos contrario al bien común y la sociedad.
Por su puesto que puede y debe haber desarrollo económico, pero tiene que ser dentro de una dinámica de sustentabilidad con un balance de intereses. No obstante, lo que pretenden con estos proyectos de ley, que excluyen evaluaciones rigurosas y científicas de la mano con una amplia participación ciudadana, es repetir los graves errores que se siguen cometiendo en este país y que desembocan en desastres ambientales.
Son proyectos malos y nefastos. Establecerían una política pública desastrosa con incalculables e irreparables daños ambientales. Además, a estas alturas es imperativo que el gobierno entienda ya la importancia de la inclusión y participación ciudadana en todos los asuntos que les afecta. Desde nuestro escaño legislativo continuaremos trabajando intensamente en defensa de la correcta planificación y el desarrollo económico sustentable.