Hace casi dos años la Senadora María de Lourdes Santiago y este servidor denunciamos la otorgación de un rescate económico a la empresa carbonera AES por parte del gobierno de Puerto Rico. En otras palabras, el gobierno rescata a una entidad que durante años ha contaminado y enfermado a diversas comunidades en Guayama con sus cenizas tóxicas, al igual del daño ambiental causado en otras áreas de Puerto Rico. Además de ser un negligente e inconcebible mal negocio para el país, el gobierno le da dinero para manejar sus cenizas lo que provocará un aumento sustancial en la tarifa y sin rendición de cuentas por los daños ambientales causados.
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Para AES se abrieron las puertas para construir parques industriales con placas solares. Esto ha significado que, tanto esa corporación como varias otras, han utilizado miles de cuerdas de terrenos con valor ecológico y/o con potencial para la producción agrícola para, literalmente, sembrarlas de paneles solares, dizque como parte de su agenda a favor de una “transición energética” hacia fuentes renovables.
En aquella ocasión anticipamos que movidas como la descrita, entre otras posteriores, resultarían en un aumento en la tarifa de energía eléctrica. Esta semana, como parte del proceso de discusión del Plan de Ajuste para el pago de la deuda de la AEE, el doctor en Ingeniería Eléctrica y Profesor del RUM-UPR, Agustín Irizarry, y los doctores en Economía, y también profesores de la UPR, Ramón Cao y José Alameda, presentaron hallazgos de sus estudios ante la Jueza Taylor Swain. Los tres expertos concluyen que dicho Plan de Ajuste tendrá “múltiples efectos adversos sobre nuestra economía y sobre la confiabilidad del sistema eléctrico”. Además — y esto es lo más preocupante— los catedráticos afirmaron que, como consecuencia de la aprobación del plan, aumentará la “pobreza energética” en los hogares de aproximadamente medio millón de familias puertorriqueñas. A esto se añade la posibilidad muy real de que el servicio de energía eléctrica sea incosteable para las familias que continuarán dependiendo de la conexión con el sistema eléctrico, administrado ahora por Luma.
Continuaremos nuestra labor de alertar, denunciar y fiscalizar conscientes de que solo en la Patria Nueva lograremos encaminar una política pública fundada en fuentes de energía renovables en armonía con el medioambiente.