En los pasados días el Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha realizado los nombramientos de Ciení Rodriguez, Secretaria de la Familia y de Ana Escobar, Secretaria de Corrección para que formen parte de su comité político a la reelección. Esta es una preocupante tendencia, ya que los Jefes de Agencia desempeñan un papel crucial en la administración pública y su trabajo, no debe verse afectado o impactado por los asuntos políticos que tendrán que estar manejando al ocupar posiciones políticas dentro del comité de reelección del actual gobernador.
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Los Jefes de Agencia son responsables de poner en marcha efectivamente el aparato gubernamental. Su deber ministerial es claro: trabajar incansablemente para el bienestar de la ciudadanía, sin permitir que intereses políticos contaminen su desempeño. Es inaceptable que mientras ejercen sus funciones, también se involucren activamente en la maquinaria política de un gobernante en busca de la reelección. La ausencia de una prohibición explícita en la ley no puede ser motivo para aceptar formar parte de comités políticos.
Si bien es cierto que estos funcionarios son designados por un Gobernador, que llegó al poder bajo una insignia política específica, esto no justifica que los Jefes de Agencia se conviertan en piezas activas dentro de las estructuras políticas de un Gobernador en funciones. Ellos tienen un llamado a ser Jefes de Agencia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No pueden desvincularse de su papel un solo minuto, y la participación política mientras desempeñan funciones es una distracción que compromete su capacidad para cumplir con su deber ministerial de manera imparcial.
En momentos en que la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales está en juego, es importante mantener aparte y separadas las funciones administrativas y los intereses políticos. El gobierno de Pedro Pierluisi debe reflexionar sobre estos nombramientos y dejar que los Jefes de Agencia se centren exclusivamente en servir al pueblo, sin estar atados a las dinámicas partidistas. La integridad del sistema democrático depende de ello y Puerto Rico no se merece menos.
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