La mentira, la desinformación y las palabras lisonjeras han sido la orden del día en Puerto Rico a la hora de desarrollar políticas públicas con relación a los trabajadores. La mayor crisis que sufren hoy los empleados públicos ha sido causada por el mayor atropello y negligencia cometido por la clase política de nuestra Isla, la quiebra de los sistemas de retiro. Esta quiebra viene siendo anunciada desde los años setenta, evitarla era sencillo: seguir las recomendaciones actuariales para establecer sus beneficios. Pero nuestros gobernantes y políticos decidieron mentirles a nuestros trabajadores.
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Los gobiernos no fueron los únicos que mintieron a los trabajadores. Les mintieron sus uniones, quienes exigían mayores beneficios de retiro, bonos de verano, liquidaciones y otros asuntos, como si el gobierno tuviese una máquina de imprimir billetes, bajo el palio de que el dinero siempre aparece. Mentiras. Bajo la filosofía de que la última la paga el diablo, se encontraron que el diablo se juyó.
El manejo de la quiebra de Puerto Rico no ha estado exento del juego con la verdad en cuanto a mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Desde que la Junta de Supervisión Fiscal se estableció en la Isla, dispuso con claridad que una de sus metas era implementar cambios en la legislación laboral de Puerto Rico, que para ellos representaba una de las razones para el pobre desarrollo de nuestra economía. No lo escondieron, siempre lo dijeron. Usted puede estar en contra de dicha filosofía de política pública o a favor, lo que no puede decir es que no nos lo dijeron. No obstante, nuestros políticos, en vez de enfrentar a la Junta de Supervisión Fiscal con legislación seria, fundamentada en estudios económicos, decidieron irse de frente en su contra, y en contra de un sector patronal impactado por huracanes, terremotos, pandemias, altos costos de energía y una burocracia gubernamental asfixiante. Nuevamente, el recurso del gobierno fue la mentira, promesas que sabían serían incumplidas, aprobando una alegada reforma laboral que desde sus inicios se le adelantaba su fracaso legal.
Nadie se atrevió a hablarle con claridad a los trabajadores, solo Proyecto Dignidad levantó la voz de alerta en el ruedo legislativo. Nos acusaron de ser antiobreros, poco cristianos, de no querer ayudar a los trabajadores de nuestra Isla. Nada más lejos de la verdad. Nuestra voz de alerta iba dirigida al hecho de que, para proteger a los trabajadores, la mentira no puede seguir siendo nuestro método. No podemos seguir legislando beneficios para trabajadores sin identificar fuentes de pago, aprobando legislación que anuncia aumentos de sueldo para tal o más cual sector, con la letrita chiquita en la ley que dice: siempre y cuando aparezcan los fondos, que ahora mismo no sabemos dónde están.
A los trabajadores no se les defiende con la mentira, se les defiende con medidas dirigidas a fomentar el desarrollo económico de nuestros empresarios para que las condiciones y beneficios de empleo puedan ser dignos. El caos que pueden estar experimentando hoy los trabajadores en Puerto Rico por la nulidad de la mal llamada reforma laboral, la causaron con conocimiento y alevosía aquellos que la aprobaron con sus votos y con sus firmas. En Puerto Rico hace falta una reforma laboral, seguro. Hace falta que mejoren las condiciones de nuestros trabajadores, claro que sí. Para ello no podemos seguir legislando a base de la mentira, sino en base a nuestra realidad.
La mentira política se ha instalado en nuestra cultura casi con fuerza constitucional. El daño ocasionado por la política pública fundamentada en la mentira ha sido incalculable. La mentira nos habita con una naturalidad pasmosa. Como decía Octavio Paz, de ahí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma.
Una de las primeras reformas que necesita nuestro gobierno es erradicar la mentira de la gestión política. Eso sí que es verdaderamente revolucionario.