Opinión

Denis Márquez: Justicia energética

Lee aquí la columna del representante del Partido Independentista Puertorriqueño.

El Gobernador traicionó al país cuando anunció la continuación del terrible contrato con la empresa LUMA. Optó por insistir en una privatización fallida, en un acuerdo que solo beneficia a unos pocos, que no reconoce la energía eléctrica como un derecho humano que garantice su acceso, en equidad y justicia, en particular a los sectores más vulnerables de la sociedad. A esto le añadimos la ineficacia de LUMA, sus mentiras constantes sobre el cumplimiento del contrato, sobre el número de empleados al servicio del país, la negligencia en el manejo de la vegetación, sus horrores operacionales que provocan apagones frecuentes, la prepotencia y el desprecio de sus ejecutivos al deber de fiscalización de la Legislatura y con el país en general, y sus gastos exorbitantes al estilo “baile, botella y baraja”.

Para completar el desastre, la agencia que supuestamente tiene que fiscalizar y velar por el cumplimiento del contrato no lo hace y no tiene la voluntad de llevarlo a cabo, permitiendo que LUMA “haga y deshaga” en la operación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Desde la Legislatura hemos denunciado, fiscalizado y actuado en contra de ese leonino contrato cónsono con los sectores que han reclamado la cancelación de este. El mandato legislativo para cancelar el contrato será rechazado en Fortaleza. Ante esta realidad continuaremos denunciando y fiscalizando todas las acciones de LUMA, legislando para defender a los consumidores y reclamando desde la calle nuestro derecho a la energía eléctrica.

Es necesario impulsar la transformación de nuestro sistema eléctrico a uno renovable, con el sol como protagonista, con la instalación de un millón de placas solares en residencias, comercios y estacionamientos, con baterías, integradas a una red de distribución como lo han planteado nuestros profesores de ingeniería eléctrica de la UPR y promovido por diversos sectores y organizaciones para lograr, como señalara el Dr. Castro Sitiriche, la justicia energética.

Además, como sociedad, tenemos la oportunidad durante el proceso electoral de transformar el Gobierno, de sentenciar a los culpables del desastre energético, de dar los pasos hacia una verdadera transformación energética a favor de todos en el país y de promover que el sistema eléctrico es un bien social para el uso y disfrute de todas y todos los que habitamos en Puerto Rico.

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