Durante décadas, desde el PIP, hemos propuesto la eliminación de las leyes de cabotaje para promover el crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico como parte, claro está, de exigir un proceso de descolonización que nos conduzca hacia nuestra independencia.
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El tema de la aplicabilidad de la ley de cabotaje ha resurgido en el país tras el paso del huracán Fiona y la barcaza de gas natural para la que se ha tenido que pedir una dispensa al gobierno de los EE.UU. El debate sobre esta ley federal -que representa otra expresión más del colonialismo que padecemos- tiene que trascender el asunto circunstancial del gas natural y redirigirse hacia la aglutinación de fuerzas para exigir su eliminación. No es posible que nuestra economía sigua secuestrada por una ley que nos obliga a recibir mercancías exclusivamente de barcos norteamericanos provenientes de los puertos de ese país. A eso le añadimos que el 85 al 90% de lo que consumimos es importado en su gran mayoría de esos puertos lo que evidencia que esta ley colonial afecta diariamente a los puertorriqueños.
Otro ejemplo vinculado a esto ha sido la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos -en la que hubo intervención por parte de sectores en Puerto Rico- de no entrar a discutir la validez de los casos insulares que reafirman el control que tiene el Congreso de los EE.UU. sobre Puerto Rico. Los casos insulares establecieron que los territorios están bajo el control del Congreso estableciendo que los territorios no incorporados que serían, posesiones y no parte de los EE.UU. reafirmando el colonialismo en Puerto Rico. Seguimos bajo el poder del Congreso y siguen estableciéndose -lo hemos visto en toda la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo- diferencias entre los estados y Puerto Rico. Es decir, el colonialismo es el sello “distintivo” de la relación política y el trato de EE.UU. a Puerto Rico.
Tenemos que seguir insistiendo en la búsqueda de nuevas alternativas, no hay espacio para el boquibajismo con el que se va al Congreso a pedir dádivas y exenciones, hay que convertir la exigencia en una fuerza de país para demandar descolonización e independencia.