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Los gobiernos establecen su política pública mediante acciones, programas y legislación. Esa política debe estar centrada en el contrato social con la comunidad, dirigida al servicio y la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, la defensa y garantía de los derechos humanos y, por consiguiente, los derechos constitucionales. Cuando la visión de política pública altera esos principios, son los ciudadanos los directamente afectados.
Cuando los gobiernos, como es el caso de Puerto Rico, disminuyen su plantilla de empleados –ni la renuevan ni la aumentan– quiebran las finanzas con un endeudamiento irresponsable y criminalizan el servicio público y a sus empleados, lo hacen con un terrible objetivo: utilizar el servicio público para enriquecer unos sectores, promover el lucro por encima de los derechos y traicionar la encomienda de proteger los bienes y patrimonios públicos.
En nuestra historia hemos tenido varios ejemplos de lo anterior, como la privatización del sistema de salud y de las carreteras del país, así como la contratación de agencias privadas de empleo para sustituir el nombramiento de empleados públicos en agencias como el Departamento de la Salud y de la Familia. El ejemplo más reciente de esta visión gubernamental obtusa es la privatización de la AEE. Ahora, nuevamente, los cañones de la privatización van dirigidos a nuestros recursos y patrimonios naturales.
El Parque de las Cavernas del Río Camuy es el mayor sistema de cuevas del hemisferio occidental y uno de los más grandes del mundo. Tiene el río subterráneo más grande del mundo. Las cuevas abarcan los municipios de Camuy (por donde tiene su entrada al Parque) Hatillo y Lares. El Parque, que está contenido en unas 250 cuerdas de terreno, es la mayor y mejor manifestación de un sistema cavernario, propio del carso puertorriqueño.
Recientemente, en vistas públicas, se reveló que el gobierno trabaja un estudio de viabilidad para privatizar este patrimonio. Una vez más, se impone el discurso de la privatización como la receta para subsanar deficiencias gubernamentales. No obstante, la delegación del PIP radicó ante la Asamblea Legislativa una medida para que rechacemos este atentado contra los bienes esenciales y patrimoniales del país, y la intentona de privatizar el Parque las Cavernas del Río Camuy.
