En el 2017 se aprobó la ley 20 que creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP), fusionando varias agencias encargadas del orden público. Esto resultó en un aparato burocrático, totalmente alejado y desconectado de la realidad social de la violencia y la criminalidad en Puerto Rico que, en realidad, es consecuencia de múltiples factores: sociales, económicos, educativos, de salud, un demacrado sistema de rehabilitación, un profundo problema de pobreza y desigualdad, entre otros.
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La desconexión con nuestra realidad social de los propulsores de esta ley es tan avasalladora, que plasmaron en la misma que con la creación de este Departamento lograrían: “mejorar la seguridad pública; reducir los niveles de criminalidad; lograr un Puerto Rico de cumplimiento, seguridad, ley y orden; responder eficazmente a los cambios de las necesidades de seguridad pública y expectativas ciudadanas”.
Nuestro diario vivir demuestra el fracaso de esta visión de política y gestión gubernamental. Las noticias de masacres y asesinatos alrededor de toda isla, que destruyen vidas –particularmente de jóvenes- provocan un desasosiego social y un sentido de impunidad desolador. Mientras esto continúa, el gobierno y sus agencias siguen en crisis: presupuestaria, de falta de empleados, las prohibiciones arbitrarias de la Junta, pero sobre todo la falta de voluntad para romper con paradigmas obsoletos de cómo atender la violencia en Puerto Rico.
Desde nuestro espacio legislativo, llevamos un año reuniéndonos con distintos profesionales, entre profesoras, académicos y personas que trabajan con las diversas manifestaciones de la violencia en comunidades. Estas reuniones han resultado en una propuesta a la Legislatura para discutir y tomar acción legislativa en temas como: La violencia estructural/institucional (del Estado); el impacto de la violencia sobre el bienestar social, la familia y las personas; seguridad ciudadana y tenencia de armas de fuego; la vivienda inadecuada; ambiente comunitario; salud pública; aspectos psico-sociales de la pobreza; exclusión, marginalidad y desempleo como factores que precipitan la conducta violenta.
Esta propuesta de discusión y acción legislativa comienza con una presentación a los legisladores mañana, auspiciado por mi oficina, con la voluntad y la esperanza de que de una vez y por todas comencemos a cambiar el paradigma de acción sobre la violencia en Puerto Rico.