En días recientes el país volvió a ser testigo de un gran apagón que impactó a una amplia extensión de nuestro territorio nacional. Aproximadamente 700,000 clientes de la privatizadora se quedaron sin servicio de electricidad. Para quienes afirmaban que la secuela de apagones que sufrimos durante los primeros meses tras la llegada de la privatizadora, no volverían a repetirse, el apagón de los pasados días debe haberles caído como balde de agua fría.
Escribo sobre este tema a tres meses del inicio de la temporada de huracanes. La experiencia de los huracanes Irma y María –en septiembre de 2017—está muy presente en la memoria de nuestro pueblo. El periodo de recuperación fue lento, pero ciertamente, el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica se tiró a la calle y, con la ayuda de miles de voluntarios en cada municipio, de muchas organizaciones comunitarias y de empleados públicos de otras agencias, el país logró recuperar el servicio de energía eléctrica y diversos servicios y áreas de infraestructura.
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La pregunta fundamental a estas alturas del juego es si el país está preparado para enfrentar, con eficacia y agilidad, eventos atmosféricos como los que hemos sufrido en años recientes. Una segunda pregunta obligada es si con la privatizadora, y con el lucro de la empresa de por medio, se está preparado al mismo nivel y con el mismo compromiso de sacrificio que el antiguo personal de la AEE. Durante las pasadas cuatro décadas y media, tomando quizás como punto de partida el paso de la tormenta tropical Eloísa en 1975, y siguiendo con todos y cada uno de los huracanes, tormentas y, más recientemente, los terremotos de enero de 2020, este país fue testigo del gran compromiso de la fuerza obrera de la AEE –a todos los niveles—con la reconstrucción que se exigió en cada una de esa coyunturas.
Con una infraestructura tan vulnerable como la que exhibe Puerto Rico en este momento, es preciso que nos cuestionemos si estamos preparados para los tiempos que se avecinan. La respuesta a esta interrogante es una responsabilidad inmediata y continua del Gobierno de Puerto Rico.
