Existen múltiples razones para solidarizarse y apoyar a las maestras y maestros de Puerto Rico en sus reclamos de justicia salarial y un retiro digno. Primeramente sus reclamos son parte del derecho de toda persona de ser remunerada justa y dignamente por ejercer sus labores y que luego de completadas sus labores pueda en su retiro vivir con dignidad. Ese reclamo se hace más urgente ante una realidad económica de encarecimiento constante de los alimentos, los servicios de salud, la energía eléctrica, el aumento del costo de la vida. Como habíamos anticipado el plan de ajuste de la deuda -el “arma destructiva” de la Junta Control avalado en complicidad por la inmensa mayoría de los legisladores del PNP y el PPD- condena a la pobreza e indigencia a miles de educadoras y educadores, al mutilar su sistema de retiro.
La lucha que están dando desde las escuelas, desde la calle con una inmensa solidaridad de diversos sectores provocó el aumento temporero a su salario, no obstante, continuarán exigiendo sus derechos de manera permanente y estaremos con ellos.
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Los gobiernos de este país le dan mayor importancia al pago de la cuestionable deuda con los grandes intereses, permiten el clientelismo político en el Departamento de Educación, mientras que a las maestras y maestros, junto a sus estudiantes, acuden a diversas escuelas en condiciones deplorables y tienen que sacar de su bolsillo para los gastos del salón.
Es inaceptable e indignante que la educación de una sociedad y las comunidades escolares sean constantemente vapuleadas y traicionadas cuatrienio tras cuatrienio por los diversos gobiernos. La educación es el eje central del desarrollo de una sociedad, es el mecanismo principal para el desarrollo personal, es el proceso de concienciación para pensar, analizar y cuestionar el poder y el gobierno, es un instrumento de libertad individual y colectiva.
Recientemente se me acercó una maestra y me planteó que reclamaba justicia para sí, pero también para su hijo con diversidad funcional, pues ella tenía la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo dignamente. Puerto Rico tiene la obligación, política, moral y social de cuidar y proteger la educación pública, y por ende, a sus maestras y maestros en sus reclamos. Es solidaridad, es justicia social y es además, proteger y encausar el futuro del país.
