Tras el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), expresó lo que siempre hemos planteado al país: el inversionismo político es el germen de la corrupción pública.
El PNP y el PPD cuentan con una larga lista de arrestos por corrupción que incluye a un gobernador en funciones, más recientemente a la exgobernadora Vázquez, a legisladores, alcaldes y a funcionarios de agencias que han utilizado sus puestos y poder para llenar los bolsillos de sus campañas y lucro personal. Estos dos partidos no solo han violado las leyes de financiamiento de campaña reiteradamente, también se han opuesto históricamente a las propuestas del PIP para erradicar el clientelismo político entre las que se encuentran la reducción del periodo de las campañas, establecer un financiamiento público moderado y la utilización de recursos ya disponibles como WIPR.
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Incluso, en el marco de la realidad política colonial del país, hemos denunciado, además, la aplicabilidad a Puerto Rico del caso Citizens United, una afrenta a cualquier aspiración de un proceso eleccionario justo y democrático que abre, precisamente, la puerta al inversionismo “legalizado” de poderosos intereses económicos a través de los denominados Super PAC’s en las campañas electorales y que agrava, precisamente, la repudiable presencia del clientelismo en la política puertorriqueña.
De igual forma, hemos propuesto una Ley Electoral que permita el financiamiento público exclusivo de los gastos de las campañas políticas de los partidos y los candidatos, de manera que el proceso electoral sea uno equitativo y transparente, prohibir que personas naturales o jurídicas que tengan contratos de servicios profesionales con dependencias gubernamentales puedan hacer aportaciones económicas a los candidatos o al partido político al que pertenezca el oficial nombrado o electo que intervino, evaluó o autorizó dichos contratos y prohibir a Municipios y Agencias de gobierno el gasto desorbitado en publicidad así como extender las prohibiciones de la veda electoral a todo el cuatrienio.
Mientras se permita que intereses inescrupulosos financien ilegalmente las campañas del PNP y el PPD seguiremos viendo casos como el de la exgobernadora y, peor aún, continuará el desvío millonario de fondos públicos en detrimento de los servicios a la ciudadanía.
