La semana pasada, la legislatura aprobó una Reforma Laboral, que, aunque insuficiente y lejos de ser lo que merece la clase trabajadora del sector privado, contiene algunos avances, que deben implementarse cuanto antes. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal se pronunció en contra de la aprobada Reforma Laboral. El gobernador, Pedro Pierluisi, lleva más de una semana con el proyecto de ley en su escritorio, pero se ha negado a firmarlo. Según la prensa, Pierluisi se encuentra evaluando el contenido del proyecto, pero el sentir del pueblo es que está actuando según dicte la Junta.
Se nos ha hecho creer que la Junta se creó para atender los problemas fiscales del gobierno Puerto Rico, pero este organismo antidemocrático se excede en sus prerrogativas y se siente autorizado a expresarse sobre las relaciones obrero patronales en el sector privado para impulsar medidas que empobrecen a las familias y residentes de las islas.
Contrario a lo que nos quiere hacer creer la Junta, decenas de estudios de economistas plantean que impulsar políticas de austeridad en economías deprimidas tiene el efecto de perpetuar y profundizar la crisis económica. Desde el 2017, la Junta ha impuesto una despiadada política de austeridad cuyo efecto ha sido precisamente perpetuar la crisis económica que vive nuestro pueblo. Esa Junta, que ha sido uno de los obstáculos fundamentales para que Puerto Rico pueda salir de su crisis, obligó al gobierno a ahorrar a través de la austeridad once mil millones de dólares para pagarlo a unos bonistas, en vez de invertirlo en el país. La Junta, que ha sido un estorbo para nuestra recuperación económica, emprenda en contra una insuficiente Reforma Laboral, demuestra el empeño que tiene en destruir nuestro país y a su clase trabajadora.
Le corresponde al gobernador tener la voluntad de enfrentar a la Junta, desafiarla y firmar la Reforma Laboral. Si no lo firma, tenemos que continuar la lucha más allá, por encima y por el lado de integrantes del gobierno que no están dispuestos a representar los verdaderos intereses del pueblo.