El martes, 19 de octubre, pasadas las diez de la noche, el Senado de Puerto Rico recesó sus labores hasta hoy, jueves, a la una de la tarde. Aunque su presidente se negó a informar si en efecto en la sesión de hoy se votará sobre el Informe del PC 1003, todo parece indicar que sí. De hecho, dijo que sabía la fecha de cuándo se votaría, pero que no lo divulgaría. La falta de transparencia del bipartidismo tradicional crece tanto como el rechazo popular a su gestión.
La nueva versión del PC 1003 es aún más terrible que la primera: ambas inaceptables. El PC 1003 pretende lograr que Puerto Rico emita unos bonos (deuda) con el único fin de pagarle a unos acreedores por una deuda que no se ha auditado. Al día de hoy, si Ricardo Rosselló no hubiera desmantelado la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, ya hubiera finalizado la auditoría. Seguramente también se habría podido eliminar esa deuda y comenzado a procesar a los responsables. Pero hay unos intereses muy poderosos que continúan interfiriendo con este proceso, pues no les conviene que se audite la deuda y se adjudiquen responsabilidades.
El pueblo se encuentra sumergido en una profunda crisis de la cual parece que nuestro gobierno no quiere que salgamos. El PC 1003 es una medida que responde a intereses ajenos a los nuestros. Por eso, de aprobarse, nos condenará a los términos de un Plan de Ajuste de Deuda (PAD) impulsado por la Junta de Control Fiscal en beneficio de acreedores, bancos, inversionistas y especuladores, que es injusto porque implementaría más medidas de austeridad a un pueblo que sufre de un gobierno cuyas agencias carecen de presupuesto para operar, sin asegurar los servicios esenciales y dejándonos en más miseria. Además, el PAD es ilegítimo porque debido a la falta de una auditoría, nos obligaría a pagar por deuda ilegal, a costa del bienestar de la mayoría asalariada y empobrecida. Y, tercero y no menos importante, el PAD es insostenible porque condena al gobierno a pagar mucho más de lo que puede y debe pagar.