Durante las pasadas semanas, en la Cámara de Representantes se han celebrado vistas públicas que han puesto de manifiesto la crisis de vivienda que atraviesa Puerto Rico. Como menciona el Centro para una Nueva Economía (CNE), esta crisis se caracteriza por una falta de viviendas asequibles.
De acuerdo con la organización Ayuda Legal, Inc. los datos cénsales del 2019 demostraron que el 31% de la población se encontraba en el mercado del alquiler; existían 380,029 propiedades alquiladas; el 58% de las personas que alquilaban generaban menos de $14,999 al año; la mediana de renta era de $474 mensuales; y más del 35% de las personas que alquilaban invertían el 45% de sus ingresos en renta. Por su parte el CNE, informó que la Agencia Federal del Financiamiento de la Vivienda calcula que el índice de precio de la vivienda en Puerto Rico aumentó un 22% entre el 2018 y el 2021.
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Los desahucios son procesos sumarios donde la parte arrendadora se encuentra en una posición de desventaja económica frente al arrendador y constituyen una amenaza constante para el disfrute de la vivienda. A pesar de lo anterior, Ayuda Legal indica que el 95% de las personas inquilinas acuden al tribunal sin representación legal a las vistas de desahucio.
La privación del derecho a la vivienda conlleva la privación de otros derechos como el derecho a la seguridad, a la intimidad, al descanso, al alimento, el acceso al agua, a la energía eléctrica, el empleo, la salud, el desarrollo económico, entre otros. Quienes se ven afectadas principalmente por la falta de acceso a la vivienda son las mujeres pobres, madres solteras, personas de edad avanzada, personas con condiciones especiales de salud y las familias con menores.
Es imperativo que actuemos afirmativamente para proteger y garantizar el derecho humano a la vivienda y para proveer mecanismos de acceso a la justicia contra los desahucios y desalojos. El contexto reciente de huracanes, terremotos y de la pandemia acentúa la obligación de garantizar el derecho humano a la vivienda y—a la vez—la justicia social para todas y todos los puertorriqueños.
