Otro año más de la supuesta aprobación de Presupuesto del país en el Cámara de Representantes. Otro año más de un espejismo legislativo reflejo de la patética realidad colonial de Puerto Rico. Estamos frente al presupuesto impuesto por la Junta de Control como en años anteriores.
El PPD reconoce incluso, que realmente están aprobando un “borrador” de presupuesto, con posibles cambios en el Senado, pero reconociendo claramente que la última palabra para determinar el mismo la tendrá, como siempre, la Junta de Control.
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Este presupuesto está basado en las determinaciones fiscales y económicas de la Junta, por ello señalan un crecimiento artificial de la economía basada exclusivamente en fondos federales. De igual forma, es absurda la visión de una posible reducción a la inflación cuando nuestra economía depende de la importación de combustibles y alimentos, por lo tanto, las proyecciones fiscales que sostendrán el presupuesto son altamente cuestionables.
Irónicamente el equipo económico del gobierno reconoce que existe incertidumbre sobre cómo será el comportamiento de varias cuentas de recaudos, y objeta varios cálculos en diversos renglones realizados por la Junta. Nuestra condición colonial es la que provoca la ambivalencia del futuro de los recaudos del impuesto a las corporaciones foráneas, pues no hay una determinación final sobre la transacción de esa ley , ni sobre el impacto en Puerto Rico del 15% del impuesto global a las corporaciones.
Este presupuesto es basado en el Plan Fiscal 2022 de la Junta, establece diversas obligaciones del gobierno con la Junta, todos los cambios y asignaciones serán aprobadas por la Junta.
Ante este cuadro patentemente colonial, es sorprendente que todavía algunos promuevan la permanencia de la colonia, expresen que ELA sea alternativa y que promuevan la esclavitud por consentimiento. Continuan en su empeño de ser los portavoces del inmovilismo y, por consiguiente, promueven que un ente extranjero, o los “procónsules " de la Junta determinen nuestro futuro, mutilen el presupuesto de la UPR, precaricen los servicios públicos y conviertan a la Legislatura en sus meros ayudantes.
Esta realidad es otro argumento sobre la importancia de promover un proceso de descolonización, donde los poderes de legislar por el país esté en manos de una institución soberana y que solo responda a los intereses de la sociedad puertorriqueña.
