La concesión de privilegios contributivos a extranjeros, en particular las Leyes 20 y 22-2012 (que a partir del 2019 son parte de la Ley 60) ha provocado el acaparamiento de bienes inmuebles por los beneficiarios de dichas disposiciones, con dos consecuencias principales. La primera es la distorsión del mercado de bienes raíces. La disposición de adquirir propiedades en efectivo aún sobre el precio de tasación ha elevado el costo de inmuebles en diversas comunidades. Este fenómeno tiene un efecto expansivo; es decir, una vez sube artificialmente el “valor” de propiedades en áreas especialmente codiciadas, aquellas zonas colindantes también terminan aumentando de precio. En segundo lugar, según se ha documentado en diversas comunidades como, por ejemplo, Puerta de Tierra, la adquisición de casas, terrenos y edificios está vinculada a la proliferación de alquileres a corto plazo promovidos por plataformas digitales, por lo que espacios anteriormente dedicados a la vivienda ahora sirven a fines turísticos.
En ambos casos, el resultado es el desplazamiento de comunidades y la alteración del carácter y naturaleza de comunidades antes habitadas por familias y ahora utilizados como fuente de ingreso para una economía mayormente ausentista. El pasado martes junto a la compañera María de Lourdes Santiago denunciamos el acaparamiento de decenas de propiedades en la comunidad de Puerta de Tierra, por parte de individuos beneficiarios de las Leyes 20 y 22, nos acompañaron vecinos de la comunidad afectados por esta práctica.
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La denuncia surge ante la preocupación mostrada por residentes de la comunidad, quienes han visto cómo a un paso rápido estos inversionistas han ido ocupando decenas de propiedades, en algunos casos cuadras completas. El efecto ha sido el desplazamiento de inquilinos que, ante lo agresivo y repentino del desplazamiento, han tenido que abandonar esa comunidad al hacérseles imposible encontrar vivienda allí.
Como señaló María de Lourdes Santiago, “todo el esquema de desplazamiento sigue abonando a la aspiración de ciertos sectores de “un Puerto Rico sin puertorriqueños”.
Lo que estamos viviendo son consecuencias previsibles al trato privilegiado a extranjeros acaudalados en condiciones en las que ni siquiera hay fiscalización. La Asamblea Legislativa tiene la obligación de hacer lo que esté a su alcance para confrontar estos esquemas de desplazamiento que, como hemos atestiguado, no sólo se dan en comunidades de alto costo, sino también en sectores pobres en Puerto Rico que amenazan con seguir desplazando.
