La Universidad de Puerto Rico (UPR) informó este sábado que recibió comunicaciones del U.S. Department of Education y de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) solicitando información detallada sobre el estado de sus operaciones académicas, en medio de los paros en varios recintos.
Según explicó en declaraciones escritas la presidenta del sistema, Zayira Jordán Conde, ambas entidades activaron sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento, requiriendo a la universidad confirmar su estatus operacional y presentar un calendario estimado para la reanudación de clases.
Indicó que la notificación federal advierte que una paralización prolongada podría tener consecuencias mayores. En particular, dijo que señala la posibilidad de revisar la elegibilidad institucional para participar en programas de ayuda económica estudiantil bajo el Título IV, conforme a regulaciones federales vigentes.
“No podemos comprometer el semestre académico ni poner en riesgo las ayudas federales que son esenciales para nuestros estudiantes. Es momento de actuar con responsabilidad”, expresó Jordán Conde.
Riesgo para ayudas federales
El señalamiento del Departamento de Educación coloca presión directa sobre la institución, ya que la participación en programas de asistencia federal representa una fuente crítica de financiamiento para miles de estudiantes.
En ese contexto, la administración universitaria reiteró el llamado a la reanudación inmediata de las clases en los recintos impactados por las interrupciones.
Mientras tanto, se informó que la UPR ha implementado métodos alternos de enseñanza en aquellas unidades donde ha sido posible, aunque la presidenta subrayó que estas medidas no sustituyen la operación académica plena.
Como parte de la respuesta institucional, la Administración Central anunció la creación de un Comité de Diálogo para atender la crisis. El grupo contará con la mediación de la abogada Mildred E. Negrón Martínez y la participación del vicepresidente asociado de Asuntos Académicos, José Luis Ayala, junto a otros representantes institucionales y estudiantiles aún por designar.
La presidenta insistió en que la administración mantiene apertura al diálogo, pero recalcó que este proceso no debe afectar el derecho del estudiantado a completar su educación.
“Los estudiantes quieren estudiar. Trabajemos juntos para atender las medidas onerosas impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal”, sostuvo.
Jordán Conde concluyó con un llamado a la comunidad universitaria a priorizar la estabilidad institucional y el bienestar estudiantil, en un momento que describió como determinante para el futuro del sistema.
“La Universidad de Puerto Rico es patrimonio del pueblo. Nos corresponde a todos protegerla, fortalecerla y asegurar su permanencia”, puntualizó.
