Un grupo de organizaciones comunitarias y residentes del municipio de Cayey anunció este sábado la radicación de un pleito legal ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, con el fin de impugnar la validez del recién aprobado Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio.
La demanda, presentada por el Frente Comunitario en Defensa de Cayey, Cayey para el Mundo, la Comuna Cajey, la Comunidad Carrasquillo y residentes afectados, solicita la nulidad del POT aprobado el 11 de marzo de 2026, al señalar que su adopción fue “arbitraria, caprichosa y contraria a derecho”.
Según los demandantes, el plan permite la reclasificación de terrenos protegidos, designados como Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP), a categorías urbanas, lo que viabilizaría desarrollos comerciales, industriales y residenciales en áreas de alto valor agrícola, ecológico y arqueológico.
Estas tierras especialmente protegidas forman parte de las 600,000 cuerdas reservadas para la agricultura a perpetuidad en Puerto Rico. Esta acción es incompatible con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT-2015) y representa una amenaza significativa al agua, tierra y bienestar de las comunidades.
“Este recurso no responde a intereses particulares, sino a la defensa del interés público. No se puede permitir que se reclasifiquen terrenos protegidos sin base técnica, sin transparencia y de espaldas a las comunidades. Cayey merece un proceso de planificación serio, participativo y conforme a la ley. Hoy damos este paso para exigirlo”, señaló Carmen Rosa Rosado Sánchez, fundadora de la Comuna Cajey.
La demanda también denuncia serias violaciones al debido proceso administrativo, incluyendo la ausencia de informes técnicos de agencias clave como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Departamento de Agricultura, así como la falta de evidencia sustancial que sustente las decisiones adoptadas.
Asimismo, los demandantes sostienen que el proceso careció de una participación ciudadana real y efectiva, señalando que los avisos públicos fueron deficientes, que las propuestas comunitarias no fueron consideradas y que la Junta de Comunidad no fue debidamente activada, en incumplimiento con el Código Municipal de Puerto Rico.
Ante este escenario, la parte demandante solicita al tribunal que deje sin efecto las disposiciones impugnadas del POT, ordene la paralización inmediata de cualquier desarrollo basado en dichas clasificaciones y emita un interdicto para evitar daños irreparables a las comunidades y al ambiente.
“Este no es un caso de discreción administrativa válida, sino de una actuación que evade la ley, la ciencia y la participación ciudadana. Lo que está en juego es el futuro ambiental y comunitario de Cayey”, concluyó Humberto Díaz, portavoz de la Comunidad Carrasquillo en Cayey.
El recurso legal busca, además, que se obligue a las agencias y al municipio a cumplir con los requisitos legales de planificación, incluyendo evaluaciones técnicas, procesos participativos reales y transparencia en la toma de decisiones.
Responde la Junta de Planificación
Por otro lado, el presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales Martínez, aseguró que la Revisión Integral del Plan de Ordenación Territorial (RIPOT) se realizó en cumplimiento de la ley.
“La Junta de Planificación reconoce el derecho de los ciudadanos a recurrir los procesos administrativos conforme a ley. No obstante, la Revisión Integral del Plan de Ordenación Territorial (RIPOT) de Cayey se realizó en estricto cumplimiento con todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”, dijo.
Morales Martínez sostuvo en declaraciones escritas que el proceso incluyó cuatro vistas públicas, culminando con la presentación del plan final y su mapa propuesto, lo que —según indicó— garantizó transparencia y participación ciudadana.
“El recurso radicado corresponde a una revisión administrativa limitada a aspectos procesales. En ese contexto, la JP sostiene que no existen fallas procesales que invaliden la determinación y confía en la solidez de sus argumentos, como ha ocurrido en casos previos en Río Grande y Utuado. La JP reafirma su confianza en la validez del proceso y en la defensa del desarrollo ordenado del municipio, en cumplimiento con la ley”, concluyó.
