La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley dos proyectos legislativos que abordan, por un lado, la implementación del Crédito por Trabajo en Puerto Rico y, por otro, una enmienda al Código Penal relacionada con el delito de daños y su vínculo con el escalamiento. Ambas medidas fueron evaluadas y firmadas como parte del trámite legislativo ordinario.
La primera de estas iniciativas, ahora Ley 44-2026 (Proyecto del Senado 244), es de la autoría de la senadora Migdalia Padilla Alvelo y tiene como objetivo maximizar la implementación del Crédito por Trabajo mediante la actualización de referencias a la legislación vigente. De acuerdo con el Ejecutivo, el cambio busca atemperar el lenguaje legal a disposiciones actuales, con el fin de facilitar la administración del programa y reducir posibles errores o retrasos en su ejecución.
El Crédito por Trabajo, conocido en inglés como Earned Income Tax Credit (EITC), es un incentivo contributivo dirigido a personas trabajadoras de ingresos bajos o moderados. Según se detalla, este programa fue impulsado a nivel federal cuando la actual gobernadora se desempeñaba como congresista, lo que permitió que Puerto Rico accediera a fondos federales asociados a este beneficio. No obstante, se señala que la cantidad de recursos disponibles podría ser mayor de no mediar las limitaciones impuestas por el estatus territorial de la isla.
La segunda medida firmada es la Ley 45-2026 (Proyecto del Senado 690), radicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto a los senadores Wilmer Reyes Berríos, Jeison Rosa Ramos, Brenda Pérez Soto y Rafael Santos Ortiz. Esta legislación enmienda el Código Penal de Puerto Rico para incluir el delito de daños en su modalidad menos grave como uno de los delitos base del escalamiento.
De acuerdo con el Ejecutivo, el escalamiento es considerado un delito de naturaleza peligrosa, ya que implica la violación a la seguridad de un hogar o negocio, lo que representa un riesgo significativo para las personas y sus bienes. La enmienda busca atender una disparidad normativa existente, al incorporar expresamente el delito de daños dentro de las conductas que pueden dar paso a este tipo de acusación, aun cuando se trate de su modalidad menos grave.
Según se indicó, con esta modificación se pretende fortalecer la protección de la inviolabilidad del hogar, la seguridad de la propiedad y la coherencia del ordenamiento jurídico vigente.
