La Policía de Puerto Rico seleccionó a la empresa Strider Consulting, LLC para realizar una auditoría independiente dirigida a analizar y validar la deuda acumulada por exceso de tiempo compensatorio estatal correspondiente a agentes activos y retirados de la Uniformada.
El anuncio lo realizó el superintendente de la Policía, Joseph González, quien explicó que la auditoría busca determinar con precisión el balance real de esta deuda administrativa, asociada a horas trabajadas que no fueron compensadas económicamente en su momento.
El proyecto se llevará a cabo como parte de los esfuerzos de fiscalización y control financiero que se realizan en coordinación con la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (FOMB).
“El objetivo de este proceso es contar con una evaluación independiente, rigurosa y transparente que nos permita validar y analizar el balance acumulado de esta deuda, de manera que podamos atenderla de forma responsable y conforme a las mejores prácticas de administración pública”, expresó González.
Según detalló el jefe de la Uniformada, durante febrero de 2026 la Policía publicó una solicitud de propuestas (RFP) para contratar una firma que realizara el análisis del tiempo compensatorio acumulado. El período para someter propuestas culminó el 27 de febrero.
Posteriormente, un comité evaluador de la Policía examinó las propuestas recibidas tomando en consideración el cumplimiento de requisitos administrativos, la experiencia técnica de las empresas, la razonabilidad de las propuestas económicas y la capacidad para cumplir con el alcance del proyecto. Como parte del proceso también se realizaron entrevistas a las compañías proponentes.
González indicó que el comité completó la evaluación en aproximadamente dos semanas, tras lo cual se seleccionó a Strider Consulting como la firma recomendada para realizar la auditoría.
No obstante, la adjudicación final del contrato estará sujeta a la entrega de certificaciones y documentos requeridos antes de formalizar el acuerdo.
El superintendente sostuvo que la auditoría busca fortalecer la transparencia y la responsabilidad fiscal dentro de la institución, además de atender un asunto administrativo que impacta tanto a policías en funciones como a miembros retirados.
Una vez formalizado el contrato, se notificará oficialmente el inicio de los trabajos.
De acuerdo con la estimación preliminar de la firma seleccionada, la auditoría podría completarse en un período aproximado de 10 a 12 meses, aunque el término final dependerá del volumen de información a analizar y de los hallazgos que surjan durante el proceso.
