La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico aprobó el reglamento propuesto para implementar la amnistía de multas de tránsito establecida mediante la Ley 1-2026, pero expresó preocupación porque el gobierno inició pasos para ponerla en vigor antes de completar el proceso de evaluación fiscal requerido bajo la ley federal PROMESA.
La determinación consta en una carta enviada el 12 de marzo al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, firmada por el director ejecutivo del organismo, Robert F. Mujica Jr. En la comunicación, la Junta indicó que revisó el reglamento conjunto preparado por el DTOP y el Departamento de Hacienda para ejecutar el incentivo de pago acelerado de multas de tránsito.
El reglamento establece los procedimientos para aplicar un descuento de 40% sobre el total de multas administrativas registradas en el sistema del DTOP en o antes del 1 de enero de 2026. El beneficio forma parte de la legislación conocida como la “Traffic Fines Amnesty” y tendrá una vigencia de 120 días.
Sin embargo, la Junta indicó que tuvo conocimiento, a través de reportes de prensa, de que el gobierno pretendía hacer efectiva la amnistía el 12 de marzo, antes de completar el proceso requerido bajo la Sección 204(a) de PROMESA. Esa disposición obliga al gobierno a someter al ente fiscal una estimación del impacto de las leyes aprobadas y una certificación de que estas no son inconsistentes con el plan fiscal vigente.
Según la carta, la gobernadora firmó la Ley 1-2026 el 1 de enero, por lo que el análisis fiscal debía presentarse a más tardar el 15 de enero. Posteriormente, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) solicitó una extensión de 45 días laborables, hasta el 25 de marzo, para someter la documentación requerida. La Junta señaló que la información fue finalmente presentada el 11 de marzo.
El organismo fiscal advirtió que le preocupa que el gobierno haya tomado pasos para implementar el reglamento antes de completar ese trámite, por lo que solicitó que se cumpla con los procesos establecidos en PROMESA para permitir su revisión y evaluar la consistencia de la medida con el plan fiscal certificado.
Aun así, tras examinar el reglamento propuesto, la Junta lo designó como “aprobado”, aclarando que su evaluación se limita únicamente a determinar su cumplimiento con el plan fiscal y no constituye una revisión legal completa de la legislación ni de otras normas aplicables.
La controversia surgió luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón insistiera en que la amnistía de multas de tránsito comenzaría según lo previsto el 12 de marzo, pese a los cuestionamientos del organismo fiscal sobre el impacto económico de la medida.
El programa permite a los conductores saldar deudas con un descuento de 40% sobre el monto total, incluyendo principal, recargos e intereses, durante un periodo de 120 días que se extenderá hasta el 10 de julio.
De acuerdo con el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, la amnistía aplica a multas administrativas emitidas antes del 1 de enero de 2026, incluyendo infracciones bajo la Ley 22 de tránsito, penalidades relacionadas con el sistema AutoExpreso y sanciones vinculadas a licencias de conducir.
El funcionario informó además que la medida generó recaudos de $3,213,654.05 en sus primeras horas de vigencia, con el pago de 147,925 multas hasta la 1:00 de la tarde del primer día del programa.
Los pagos pueden realizarse a través de las plataformas digitales CESCO Digital y AutoExpreso, así como en colecturías del Departamento de Hacienda, centros de servicio de AutoExpreso y otros puntos autorizados alrededor de la isla.
